El 1º de octubre pasado, tres policías de la Ciudad, Beatriz Alejandra Manzanelli, Ramón Darío Pérez y Daniela Isabel López, dispararon sus armas reglamentarias en ocho oportunidades contra Claudio Romano. Los últimos cinco disparos –entre ellos el que resultó fatal- se produjeron en los últimos cinco segundos de la secuencia que quedó registrada en varias cámaras de seguridad de la cuadra de la calle Castillo al 900. Para entonces, Claudio, un remisero de 39 años, tenía varias heridas en sus piernas y pie, lo que le impedía incorporarse. No representaba ningún peligro para los policías ni menos para terceros en esa situación. Pero en lugar de asistirlo, lo fusilaron.
La jueza Ángeles Gómez Maiorano procesó a los tres policías como coautores del delito de homicidio calificado por la condición de miembros de una fuerza de seguridad de sus perpetradores, aunque conservó la situación de libertad con la que unos días antes la Sala Sexta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal los había beneficiado.
La defensa de los homicidas, ejercida por abogados de planta del Ministerio de Seguridad de la Ciudad –es decir, funcionarios públicos cuyos sueldos paga la ciudadanía porteña- apeló ese procesamiento, y el lunes 11 de noviembre la misma sala de la Cámara escuchará sus argumentos y la respuesta que, en representación de la familia de Claudio, harán lxs abogadxs de CORREPI.
Nuestrxs compañerxs dirán a los jueces que el fusilamiento policial no es un “exceso”, que el gatillo fácil es política de estado y que exigimos juicio y castigo. ¡Perpetua para el gatillo fácil!
Acompañanos el lunes 11, desde las 9, en Viamonte y Libertad, frente a la Cámara Criminal.
