18 tiros contra una persona desarmada son “exceso en la legítima defensa”
A fines de mayo trascendió un hecho imposible de clasificar bajo otra etiqueta que el gatillo fácil: Un policía federal disparó 18 veces sobre Lucas Adrián David Barrios , de 18 años, en la Isla Maciel. Un tiro por año. Todos los disparos posibles con la reglamentaria del policía Osvaldo Nicolás Rendichi, que tenía 17 balas en el cargador y una en recámara. El relato del policía de 24 años recuerda las “milongas clásicas” que describía Rodolfo Walsh hace más de medio siglo: “Así como hay media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo“. El argumento oficial, el pibe quiso asaltar al policía. Claro que Lucas estaba desarmado cuando recibió los 18 tiros, y hasta la crónica policial confiesa que, si hubo un intento de robo, fue otra persona.
Apenas unas semanas después, casi como si quisiera confirmar lo que venimos diciendo hace más de 30 años, el juez resolvió que los 18 disparos contra un pibe desarmado fueron apenas si un “exceso en la legítima defensa”, y contra la opinión del fiscal, que correctamente imputó el homicidio calificado por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad, el asesino fue liberado, y formalmente enfrenta una pena mínima, como si involuntariamente hubiera matado alguien en un accidente de tránsito.
Los narcos tiene gorra (y grado)
Un vecino de Parque Chacabuco llamó al 911 porque vio personas armadas en un auto que entraba a un taller del barrio. Cuando la Policía de la Ciudad irrumpió en el taller, había siete personas y nueve kilos de cocaína. Dos eran policías bonaerenses de alto grado, integrantes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza, que hasta hacía poco habían cumplido funciones en la Brigada de Narcocriminalidad de Lomas de Zamora, que tenían reducidas a las otras cinco personas, civiles. Eran Héctor Daniel Luna y José Rubén Mujica. Éste último venía de ser el chofer oficial del juez federal Santamaría de Lomas, y luego de su sucesor, el hoy muy mediático juez Villena.
Los dos bonaerenses argumentaron ante sus pares porteños que estaban haciendo un procedimiento por orden judicial. Pero ni la orden ni la causa aparecieron. Ningún juez los había mandado, era ni más ni menos que una formidable mejicaneada de los policías contra una banda de narcos. Hoy están todos presos, policías y narcos. Los policías fueron procesados por el juez federal Sebastián Casanello por privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, abuso de autoridad, extorsión en grado de tentativa y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por su condición de policías.
Detalle colateral, el bonaerense Mujica tuvo un rol destacado en la causa del espionaje a cargo, hasta ayer, del juez Villena.
Otro desaparecido
Facundo José Astudillo Castro, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril, cuando iba de Pedro Luro a Bahía Blanca. En la causa judicial iniciada por su madre, hay declaraciones contradictorias y confusas de varios policías, que se debilitan aún más frente al testimonio de tres personas que contaron a la familia que lo vieron ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich.
La experiencia de más de 200 desaparecidxs a manos de las fuerzas de seguridad en democracia exige que, antes de las dudosas versiones que también son un clásico (“se habrá ido con la novia”, “estará tomando el té con la tía”, etc.) se investigue la nada descartable hipótesis de la desaparición forzada.
Por eso repetimos:
Basta de gatillo fácil
Los narcos tienen gorra
Aparición con vida de Facundo
