El 30 de abril de 2006, Romina Lemos, de 15 años, fue a bailar en El Talar, Tigre. Cuando volvía, junto a un chico vecino del barrio, un muchacho que conocieron esa noche se ofreció a llevarlos en su auto. Ni ella ni su vecino tenían idea que el auto había sido robado el día anterior. Al pasar frente a la comisaría 5ª sobre la ruta 197, ya cerca de la Panamericana, un policía que estaba dentro de un móvil reconoció la patente, se lanzó a perseguirlos, a los tiros, claro, y dio un alerta radial para que otro patrullero bloqueara el acceso al puente de Pacheco. El chico que manejaba, aterrado por los disparos policiales, perdió el control, rozó la camioneta policial y chocó contra el cantero.
El que manejaba escapó corriendo. Romina estaba hecha un bollito, en posición fetal, en el asiento delantero, y su vecino, de 17 años, igualmente acurrucado en el asiento de atrás. El cabo Cristian Luján González bajó del patrullero y disparó tres veces, tito a tiro, su ametralladora UZI contra el lateral derecho del auto. Uno de los proyectiles atravesó el panel trasero derecho del auto y el respaldo de la butaca del acompañante, e impactó en la espalda de Romina, que murió en el acto. Su vecinito fue detenido, y rápidamente sobreseído, ya que nada tenía que ver con el robo del auto.
Igualmente, pasó más tiempo preso él que el policía, inmediatamente excarcelado a pesar de la imputación por el evidente homicidio. Y permaneció en libertad todo el proceso, ratificando que los miembros de las fuerzas represivas reciben un trato preferencial del poder judicial. Como sigue pasando hoy, cuando en medio de la cuarentena por el Covid-19, sabemos que entre quienes saturan nuestros barrios con uniformes hay muchos que esperamos llevar a juicio por fusilamientos de gatillo fácil, como los policías de la ciudad Alejandra Beatriz Manzinelli, Daniela Isabel López y Darío Ramón Pérez, que mataron a Claudio Romano en Villa Crespo, o el gendarme Enrique Elliezer Acosta, que fusiló a Cristian “Coqui” Montecinos y David Florentin en Tortuguitas.
La noticia de la muerte de Romina nos llegó al día siguiente, 1º de mayo, cuando CORREPI estaba llegando a Plaza de Mayo, en el marco del Día Internacional de lxs Trabajadorxs. El golpe fue duro, porque Romina no era una desconocida para nosotrxs. Era la sobrina nieta de nuestra histórica compañera Estela, madre del “Peca” Rivero fusilado por la policía en 1989. Más de una vez la habíamos visto, primero en brazos, luego de la mano de su abuela, hermana de Estela, acompañando marchas y movilizaciones.
Con la lucha organizada y tras muchas dificultades, cuatro años y medio después logramos llegar al juicio. Después de dos suspensiones por “problemas de agenda” del tribunal, finalmente el policía Cristian Luján González fue condenado a 11 años de prisión, aunque lógicamente no fue prewso sino hasta varios años después, terminada la cadena de recursos ante el Tribunal de Casación Penal y la Suprema Corte provincial, que confirmaron el fallo.
Por Romina Lemos y por todxs lxs asesinadxs por el estado, seguimos luchando de forma organizada contra la represión.
Romina Lemos ¡presente!
Basta de gatillo fácil.
No es un solo policía, es toda la institución.
