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En Lomas del Mirador, partido de La Matanza, hay una frontera no declarada, pero visible, como sucede en muchos centros urbanos, que divide dos realidades que pareciera que nunca fueran a tocarse. En respuesta al pedido de quienes reclamaban más seguridad, traducido en más policía, en 2007 se inauguró el destacamento de Lomas del Mirador.

En 2008, un policía ofreció a Luciano y sus amigos robar para ellos, que marcarían las casas y liberarían la zona. Luciano dijo NO. A partir de ese momento, empezó la persecución sistemática. En el mes de septiembre lo detuvieron ilegalmente en ese destacamento. Su mamá, Mónica, denunció que volvió lastimado, lo habían molido a palos. Esa denuncia iniciaría la causa en la que, muchos años después, y ya desaparecido Luciano, el policía Julio Torales sería condenado a 10 años de prisión por aplicación de tormentos.

Cuatro meses después de sufrir esa detención arbitraria con torturas, el 31 de enero de 2009, Luciano desapareció. Tres funcionarios actuaron inicialmente en la causa, las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martín, y el juez de Garantías de La Matanza, Gustavo Banco. No investigaron a la policía Bonaerense. Por el contrario, dejaron el trámite en sus manos y mandaron intervenir los teléfonos de la familia. Y Luciano no estaba.

Gracias a la organización de su familia, amigxs y espacios de derechos humanos, políticos, sociales y culturales, la pregunta que fiscales y jueces no se hacían se repitió cada vez más fuerte en las calles, ¿dónde está Luciano Arruga?

Producto de la lucha, tras 2.085 días se iba a saber que lo habían enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita, cuando tanto la morgue judicial como el hospital público habían afirmado, en las primeras semanas de su desaparición, que ningún pibe con sus características había pasado por ahí. Aunque se logró la calificación legal como desaparición forzada y el pase de la causa a la justicia federal, sigue pendiente el jury de enjuiciamiento contra los tres funcionarios judiciales provinciales.

Ocho mil ciento setenta y dos veces nos mataron, 8.172 pibas y pibes (de lxs que tenemos registro) no volvieron a sus casas o no sobrevivieron a una marcha o a un centro de detención. De ellxs, 208 sufrieron la desaparición a manos de las FFSS, como Luciano. Hoy son carteles, son murales, son radios abiertas, son espacios y jornadas de memoria y lucha, tal como se logró con el ex destacamento de Lomas del Mirador, que hoy es un Espacio de Memoria.

Las facultades de las fuerzas para interceptar, identificar, requisar y detener personas arbitrariamente preceden causalmente muchas de esas desapariciones, luego impunes por obra y gracia de jueces y fiscales que sólo escuchan la versión policial y funcionarios estatales que, en el mejor de los casos, hablan de casos aislados de “policías malos y corruptos”.

Familiares y amigxs deben soportar que les digan seguro se fue con su novix o que andaba en algo o que ya va a volver, cuando saben que no van a volver porque se lxs llevaron ellos…

Dilatan las denuncias, someten a peregrinaciones desesperantes, perversas, por instituciones del estado como comisarías, hospitales y morgues, cuando buscamos saber qué pasó, qué les hicieron, en dónde están. Y sólo nos devuelven el laberinto de la burocracia y silencio.

La prensa amarillista asume y repite una y otra vez la campana de la policía, que era un delincuente, que algo habrá hecho. Nunca cuestionan nuestra muerte, siempre nuestra vida.

Ya lo sabíamos desde el principio, a Luciano lo desapareció el estado en democracia.

Nosotrxs somos memoria y seguiremos rompiendo los muros de silencio que intenta perpetuar esta política de estado.

A 13 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Arruga, no olvidamos y exigimos justicia.

Si no se toman medidas efectivas, los gobiernos pasan y la represión queda. Pero la ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA, TAMBIÉN.

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