El lunes 18 de abril, el Concejo Deliberante del departamento de Godoy Cruz aprobó una ordenanza de “Buenas prácticas ciudadanas”, promovida por el intendente Tadeo García Zalazar (UCR), que a través de las multas o penas accesorias y/o complementarias, constituye una serie de restricciones de derechos a lxs vecinxs godoycruceñxs.
La letra atenta, entre otrxs, contra artistas callejerxs como lo describe el artículo 19, “Toda persona que realice la ocupación o uso de la vía pública o espacio público con una finalidad distinta para la que está destinado dicho espacio o vía pública, o lo utilice con finalidad lucrativa, o realice una ocupación o uso que por su extensión temporal o modalidad afecte la normal convivencia y/o uso del resto de la ciudadanía, sin haber obtenido el permiso previo obligatorio y/o cumplimentado las disposiciones vigentes para la ocupación, será sancionado con la pena correspondiente a las infracciones graves”. A su vez en otros artículos se prohíbe la organización de actividades de cualquier tipo en los espacios públicos sin previa autorización y el ofrecimiento de cualquier servicio personal a quien se encuentre en el interior de vehículos cuando se detengan en los semáforos.
Y lo más preocupante, es que arremete contra el derecho a manifestarse en el artículo 21 que dice: “Queda garantizado el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanía reconocidos en la legislación vigente, y en especial, los derechos de manifestación, expresión y participación en el ámbito del Departamento de Godoy Cruz, siempre que se realice por medios lícitos de manera tal no afecten el libre tránsito, la libre circulación peatonal y el uso de los servicios públicos o privados y el comercio”.
Prosigue con la prohibición de la venta ambulante en espacios públicos, dejando a miles de trabajadores de economías populares y autogestivas sin su escaso ingreso diario. Además quedan prohibidas las pintadas, realización de murales, colocación de carteles, la repartición de volantes.
La juventud sigue siendo el blanco de la criminalización. El derecho a la distracción y el esparcimiento también se ven coartados. En el artículo 30 queda prohibida la práctica de competiciones y/o juegos deportivos o recreativos en el espacio público no destinado o habilitado para estas actividades. Y en otro artículo se prohibe la realización de actividades artísticas y/o acrobacias con patines, bicicletas, skate, monopatines, en tela, o cinta tensa y cualquier otro elemento similar, en espacios no habilitados.
Al igual que la reforma del código contravencional de la provincia, aprobada en el año 2018 por la legislatura provincial y el código de convivencia que rige en la ciudad de Mendoza, esta ordenanza municipal llamada de “buenas prácticas”, apunta al cercenamiento de los derechos del pueblo, empleandola como herramienta para el disciplinamiento y control social.
Por una parte, estigmatiza a la juventud y persigue a quienes intentan sobrevivir con trabajos precarizados en la calle, como vendedores ambulantes, artistas callejerxs. Por la otra, planifica un verdadero cepo a la protesta y la movilización social.
Según datos del INDEC, el desempleo en Mendoza es del 6,8 %. A su vez, la pobreza en los hogares aumentó y alcanza el 44,6 %, porcentaje más alto que en el país y la indigencia el 7,2 %. Estas cifras afectan considerablemente a lxs niñxs entre 0 y 14 años quienes el 51,4 %, es decir más de la mitad, son pobres.
En los barrios del oeste de Godoy Cruz son frecuentes los reclamos y manifestaciones por los cortes de agua que se producen habitualmente. Sumado a esto, las miles de personas que viven en situación de indefensión por no tener acceso a una vivienda digna. El déficit habitacional de la provincia ronda en unas 130.000 viviendas.
En los Concejos y legislatura se votan leyes, códigos y ordenanzas que lejos están de las necesidades del pueblo. Los problemas estructurales de la provincia no son abordados con soluciones reales. Por el contrario, son resueltos a través de medidas que vulneran continuamente derechos. Las mordazas a lxs docentes como es el item aula, la persecusión y criminalización a quienes luchan en defensa de los bienes comunes y el medioambiente, la represión a la juventud, el hostigamiento policial en las barriadas, el gatillo fácil dan muestra de ello.
Desde CORREPI repudiamos este nuevo ataque a los derechos del pueblo, ya que bajo el lema de “buenas prácticas” se encubren ni más ni menos, mecanismos para profundizar el control social a través del silenciamiento en las calles.
¡Basta de recortar nuestros derechos!
Las necesidades del pueblo son esenciales, las “buenas prácticas ciudadanas” no.
