La semana pasada, durante el acampe que miles de personas llevaron adelante en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Juan Zabaleta planteó que se trataba de un “apriete a los argentinos”. Ayer, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue más allá y planteó que “hay que sacarles los planes sociales” entre otras expresiones violentas y estigmatizantes. Con matices, a un lado y otro de la grieta, desde el estado fogonean constituir a los sectores más vulnerables como un nuevo enemigo interno.
Una bomba de tiempo
El jueves de la semana pasada, distintas organizaciones compañeras del movimiento piquetero resolvieron llevar adelante un acampe de 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio. Los reclamos fueron concretos: trabajo genuino, aumento en los ingresos que perciben por las tareas que llevan adelante en planes como el Potenciar Trabajo, la apertura y universalización de los programas sociales, asistencia integral a los comedores populares. Y el aumento del salario mínimo, que está hoy en $33.000, casi un tercio de lo que cuesta la canasta básica para una familia, según las últimas estimaciones del propio INDEC.
Esta movilización fue la expresión en las calles de una situación social y económica compleja y de crisis acuciante para lxs trabajadorxs en general, y para el pueblo más pobre en particular. El INDEC difundió, en las últimas semanas, estadísticas que grafican el escenario actual: Casi 11 millones de personas por debajo de la línea de pobreza (37,3%), de las cuales dos millones y medio están bajo la línea de indigencia (8,2%). Un número que, si bien presenta una leve baja en el último período, se mantiene alarmantemente alto.
Más compleja es la situación cuando se analizan los números del empleo: además del casi millón de personas desempleadas (7%), más de seis millones de personas se encuentran en condiciones de precarización y flexibilización laboral de distinta índole (el 50% de la población ocupada). De este último grupo, al mismo tiempo, el 27% sufre sobreocupación, es decir, tiene jornadas laborales de más de 45 horas semanales. El gobierno nacional, carente de todo tipo de épica en más de dos años de gobierno, intentó presentar la desocupación de una cifra como un logro. Sin embargo, a estos datos hay que sumar los de ingresos. Alrededor del 80% de la población base que se toma para analizar estos informes sociales elaborados por el INDEC, percibe menos de $70.000. En otras palabras, este 80% está también por debajo de la canasta básica total, y el 60% está por debajo de la canasta básica alimentaria.
Esto significa que incluso las personas asalariadas que trabajan en relación de dependencia y en condiciones formales de contratación, no llegan a cubrir los gastos elementales mes a mes. Ya no hablamos solamente de luchar por los derechos laborales básicos, como jubilación o aguinaldo, a los que casi la mitad de lxs trabajadorxs no está accediendo, sino directamente de garantizar condiciones básicas de vida. Se demuestra así lo que la propia vicepresidenta de la Nación mencionaba en una de sus famosas cartas en 2021, cuando hacía referencia a que “el crecimiento económico se lo quedan un par de vivos”. Durante la pandemia, en una situación todavía peor que la descrita unas líneas arriba, el gobierno decidió discontinuar la única política pública de asistencia a los sectores más golpeados, el IFE, pero no titubeó en seguir con medidas como el REPRO o el ATP. Políticas que, bajo la excusa de contener los salarios, sólo garantizaron que esos “tres o cuatro vivos” evitaran pagar sueldos y acumularan riquezas exorbitantes sobre el 10% de crecimiento registrado, junto con una inflación galopante a la que el gobierno le declaró la guerra, pero hasta ahora se presentó al campo de batalla con un escarbadientes.
¿Quién aprieta a quién?
Va de suyo que este contexto insostenible deriva día a día en un creciente descontento social de lxs más golpeadxs por la crisis económica, y se traduce en un estado de movilización permanente. Así, se llevaron adelante no solamente el último acampe, sino enormes movilizaciones tanto al Ministerio de Desarrollo Social, como también al Ministerio de Trabajo, y contra el acuerdo con el FMI. Es a partir de esto que empezaron a desfilar por distintos medios hegemónicos cómplices, las voces más rancias de la derecha e incluso de algunos funcionarios del gobierno nacional.
La temporada fascista en televisión la inauguró el legislador porteño libertario Ramiro Marra, quien replicó ante cámara el amenazante anuncio que hizo vía Twitter: la creación de MAPA (Movimiento Anti Piquetero Argentino). Según este pequeño facho, amante de despotricar contra el estado pero gustoso de ocupar una banca pública, desde su movimiento se van a encargar de perseguir, y denunciar penalmente y vía redes sociales, a todas aquellas personas que cometan “el delito” de salir a la calle a gritar que ellas y sus familias están viviendo en las peores condiciones. Una versión 2.0 y plagada de bocones de lo que fue, a principios del siglo XX, la Liga Patriótica.
Para ese entonces, ya habían pasado las represiones en Jujuy y en el Congreso Nacional contra los movimientos piqueteros, y la persecución política y judicial sobre decenas de militantes. Allí hizo su aparición estelar el ministro Juan Zabaleta. Luego de decidir, contra toda legislación vigente, quitarle el plan Potenciar Trabajo al compañero del MTR Histórico Oscar Santillán por haber sido identificado en la movilización contra el acuerdo con el FMI, Zabaleta levantó un tono más la voz durante el acampe frente a su ministerio. En esa ocasión, no titubeó en decir a micrófono abierto que las miles de personas que primero fueron requisadas a la bajada del Puente Pueyrredón, y luego pasaron frío toda la noche durante el acampe a la espera de una respuesta suya, estaban “apretando al pueblo argentino” y que mientras estuvieran cortando la calle “no los iba a recibir”.
Pero, como no podía ser de otra manera, la nota la dió Juntos por el Cambio. Primero, en voz del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Vale la pena transcribir su declaración completa para que se evidencie el nivel de odio y estigmatización del principal responsable de manejar la policía más letal del país: “Lo que pasó acá fue una extorsión, la verdad que me da muchísima bronca. Fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino de forma espontánea? Pero… esas colas de colectivos que había, uno tras otro. Los traen. Y los traen extorsionados, que si no vienen les sacan el plan. Porque, el plan, en vez de manejarlo el estado como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que, además, usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos, a las mujeres, para que la policía no los desaloje. ¡Son unos cobardes! Usar a los chicos para eso… Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso le pedimos que les saquen los planes sociales. Porque, además, los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela. No estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear, además, todo el sistema de planes sociales, que atentan contra el laburo. Hay gente que, por ahí, podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan.”
Curioso interés particular por lxs chicxs, cuando en CABA 50.000 se quedaron sin vacantes escolares, y en el presupuesto 2022 Larreta decidió destinar más dinero a la construcción de comisarías que a la infraestructura escolar. Por supuesto que la conferencia siguió, pero hasta ahí llegamos para cuidar el estómago nuestro y de quien esté leyendo. Podría ser la opinión de cualquiera en una entrevista en la calle, pero no. Es el jefe de gobierno de la ciudad con más recursos del país, uno de los principales candidatos a presidente para las elecciones de 2023. Y, como dijimos antes, quien dirige a la policía de la Ciudad, la más letal de todas.
En la misma línea se sumó otra dirigenta que forma parte de la cúpula del principal frente opositor, la nefasta ex ministra Patricia Bullrich.
En la expresiones de todos, pero principalmente de los últimos dos, podemos ver no sólo una avanzada fascista violenta en términos discursivos, sino también una sucesión de lugares comunes que apuesta a un discurso vetusto. La bajísima verba de pensar los planes sociales como algo a eliminar, algo negativo para el estado y para la sociedad, y en esa misma línea, apuntar contra quienes los perciben como si fueran los responsables de todos los males argentinos. Un nuevo enfoque, peligroso, de la creación del enemigo interno. Porque hoy son declaraciones televisivas o radiales, que nada tienen de inocentes porque apuntan a moldear el sentido común con una doble intención: marginar aún más a lxs que menos tienen, para proteger los intereses de los grandes monopolios a quienes nunca les muestran los dientes. Pero mañana, eso se traduce en palos y balas contra quienes salen a la calle a poner el cuerpo y luchar por condiciones dignas, básicas, de vida.
Ejemplo de lo que señalamos es la prisión que sufren los compañeros Sebastián Copello, referente del Polo Obrero, y Juan Manuel Chorolque, del MTR 12 de Abril en Jujuy, mientras se dictan otras órdenes de captura, pura y exclusivamente por el “delito” de haber participado de una movilización por pan y trabajo. Ni hablar de los tres compañeros presos a merced de la justicia de CABA por la movilización contra el FMI, Oscar Santillán, Jaru Rodríguez Carrero y Javier Lazarte, o los seis procesados – en su caso en libertad- por los mismos hechos ante la justicia federal.
A esto nos referíamos cuando advertíamos que el acuerdo con el FMI, producto de la estafa macrista, sólo iba a traer más ajuste y represión. Es la letra no escrita de ese acuerdo la que impide avanzar con medidas para mejorar considerablemente los salarios, o contra los tarifazos o la inflación, que atentan contra cualquier paritaria. Es incompatible destinar cada dólar que ingrese al país, por impuestos o recuperado de la fuga durante el macrismo, con mejorar la calidad de vida de quienes vieron su salario derrumbarse un 30% en los últimos seis años; de quienes sufren la represión durante la toma de terrenos para exigir un techo; o de quienes se desloman en jornadas de trabajo interminables, sin saber si a la noche van a poder ponerle un plato de comida a sus hijxs. Donde no parece ser incompatible, es en la decisión política de blanquear la remuneración salarial de las fuerzas federales, de destinar mayores fondos presupuestarios para la represión, o de saturar de efectivos los barrios y las estaciones de trenes.
Es tan clara la intención de estas bravuconadas por amedrentarnos, como la necesidad de no ceder en la lucha y la movilización popular para intentar torcer en las calles esta situación. Lo que hoy son avisos patoteriles, mañana pueden transformarse en represión sin contemplaciones. La única manera de frenarlos es, en la más amplia unidad, con organización y lucha.
