En el mes de julio se cumplieron 500 días desde que asumió el gobierno de los Milei. Su política viene atacando sistemáticamente las condiciones de vida de la clase trabajadora y el pueblo. En este marco la represión, comandada por Patricia Bullrich, es un pilar fundamental para disciplinar y “mantener el orden” en la calle mientras profundizan la entrega y hacen negocios financieros desde el estado.
El ataque a lxs trabajadorxs es ejecutado fundamentalmente desde la presidencia y sus ministros, pero la responsabilidad política no se limita al Poder Ejecutivo. No sería posible este avasallamiento permanente sin el acompañamiento obediente y oportunista del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que habilita, por acción u omisión, todo tipo de violaciones a los derechos y garantías, como lo ejemplifica el encarcelamiento y proscripción de la principal opositora política en un proceso judicial plagado de irregularidades.
Algunas muestras de ese ataque sistemático a las condiciones de vida de la clase trabajadora son la situación de emergencia que atraviesan jubilados y jubiladas o las personas con discapacidad, que con dignidad y valentía nos marcan el camino para defender nuestros derechos cada miércoles a pesar de la represión, las detenciones arbitrarias y otros procedimientos propios de un régimen autoritario; el ahogo presupuestario del hospital Garrahan, del Clínicas y de todo centro de salud de gestión pública y de la educación pública, que pretenden destruir.
Se suma el hostigamiento a trabajadores públicos encabezado por Federico Sturzenneger, con miles de despidos y empeoramiento de las condiciones laborales, argumentando un equilibrio fiscal que esconde, por medio de contabilidad creativa, “la bola de nieve” de intereses creado por las LECAPS bajo gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su socio Santiago Bausilli, presidente del BCRA.La política cambiaria de apreciación del peso, junto a esa bola de nieve de intereses capitalizables crecientes, empujan a la recesión económica y su consecuente pérdida de empleos, cierre de lugares de trabajo y fábricas.
Todo esto es una bomba de tiempo que, más temprano que tarde, estallará. Los beneficiados por este gobierno, que son los verdaderos dueños del poder político en Argentina (grupos capitalistas concentrados, propietarios de la renta de la tierra, dueños de medios de comunicación hegemónicos, etc.) gozarán de impunidad mientras enfrentamos este gobierno y los que vengan.
Por eso, por todos los ataques cometidos también contra la cultura, la ciencia y la tecnología pública y privada, caracterizamos esta gestión de gobierno como un cambio de régimen reprime la resistencia pero que también se sufre en los barrios, en los que matan pibxs que tienen nombres, historias, familias y compañerxs que los recuerdan todos los días. Muchos de ellos se organizan, se acompañan en el dolor y en la búsqueda de justicia ante lo inenarrable, desde la decisión de pararse ante el asesinato por parte del estado eligiendo la vida.
Recordamos, como cada mes, los aniversarios más destacados de los asesinatos estatales de las últimas décadas:
-Pedro Salvador Aguirre, 41, 05/07/1996, Corrientes. Pedro era militante de DDHH, fue secuestrado y torturado, amenazado y perseguido por denunciarlo, hasta que los agentes de la Brigada de Investigaciones Julián Acevedo (alias Martillo), Luis González (alias Batata) y Jorge Romero (alias Ñoqui) lo mataron de tres balazos por la espalda. El gobernador de la provincia acusó a la familia y a los organismos de DDHH de “subvertir la provincia”. Su muerte sigue impune.
-Víctor Balbuena, 20, 12/07/2003, Concordia, Entre Ríos. Fue detenido con tres amigos en una bailanta. A la mañana siguiente fue encontrado muerto, semisumergido en un arroyo de las afueras de la ciudad. Presentaba fuertes golpes en la cabeza. Sus amigos, también golpeados y torturados, señalaron ante la jueza a los policías como los autores. Dijeron que estaban ensañados con Víctor porque los había denunciado antes. Los policías Miguel Jiménez, Orlando Barrios, Néstor González y José Darío Leiva fueron condenados a prisión perpetua por privación de la libertad, abusos reiterados, torturas, lesiones reiteradas y torturas seguida de muerte.
-Javier “Colo” Rojas Pérez, 23, 23/07/1995, Wilde, Avellaneda. El Colo, chileno, integraba una banda de trash metal. La policía entró a una pizzería en la que estaba comiendo con sus compañeros, le vieron pinta de “sospechoso” (morocho, pelo largo, ropa negra) y lo detuvieron por averiguación de antecedentes. Cuando salían, el policía Diego Alejandro Centurión le disparó en la sien. En 1997 fue condenado a 3 años y excarcelado por homicidio culposo, en 2005 el Tribunal de Casación revocó la sentencia en 2007 fue condenado a 8 años y seis meses de prisión.
-Jonatan Diego “Tato” Mansilla, 18, 11/07/2006, Villa Tesei, Hurlingham. Luego de una jornada de trabajo, salió a visitar a su ahijada a unos metros de su hogar, en el barrio de monobloks Nueva Italia. Menos de media hora después fue fusilado por un escopetazo de la Remington calibre 12 del oficial Sergio Daniel Nogueira desde un móvil policial. Cuando se dieron cuenta que no era el supuesto ladrón que buscaban, le plantaron un revólver tipo lechucero que no servía para disparar por carecer de martillo percutor y colocaron documentación de un vehículo robado en sus bolsillos. Se logró elevar la causa a juicio pocos años después, pero el debate se suspendió porque el oficial Nogueira presentó un cuadro de depresión que, según los peritos de la Corte, no le permitía afrontar el juicio. El asesinato quedó impune.
-Jonathan “Kiki” Lezcano, 17, y Ezequiel Blanco, 25, 08/07/2009. Jonathan y su primo Ezequiel desaparecieron en Villa Lugano. Sus familias denunciaron la intervención policial de inmediato. Ambos habían sufrido repetidas amenazas de los policías Mario Ramón “Indio” Chávez y Daniel Santiago Veyga por negarse a “trabajar” para ellos, bajo la dirección del célebre Mario Solanes (a) Percha, que había fusilado, nueve años, antes a otro primo de ellos, “Pipi” Álvarez. Dos meses y medio después se encontraron los cuerpos, con disparos en la nuca y la frente. Veyga fue el autor material del doble asesinato. Con gran esfuerzo la causa llegó a juicio en 2017, pero el policía fue absuelto.
-Fernando Manuel “Pata” Díaz, 35, 11/07/2010, Moreno. El Pata volvió de ver la final del Mundial de fútbol borracho y discutió con la mujer. La suegra llamó a la policía y los dejó entrar. El subteniente Pablo Apecechea lo encontró en la cocina, con algo en la mano. Le disparó tres veces con la Ithaka, dos cartuchos de goma y uno de postas de plomo. El Pata cayó muerto en su propia cocina, con la botella de la que estaba tomando en la mano. La familia, organizada en CORREPI, logró la condena a prisión perpetua del policía.
-Cristhian “Paragüita” Toledo Medina, 25, 15/07/2017. Tres pibes del barrio 21-24 volvían a su casa en auto. En un semáforo discutieron con el conductor de otro auto que casi los choca por pasar primero en la esquina anterior. El policía de la división Bomberos Adrián Otero los comenzó a perseguir mientras disparaba su arma reglamentaria. Mató a Cristhian y los dos amigos se salvaron de ser ejecutados porque una vez detenidos los autos se acercaron muchos vecinos. Con apoyo de CORREPI se logró la condena de Otero a prisión perpetua por homicidio calificado y dos tentativas del mismo delito.
Finalmente, no podemos pensar en el mes de julio sin recordar al entrañable compañero Enrique “Cachito” Fukman, referente de la Asociación de Ex Detenidxs Desaparecidxs y del Encuentro Memoria, Verdad Justicia. Su lucha inclaudicable estuvo signada por la vocación por la unidad, tanto contra el terrorismo de estado y el genocidio de la dictadura como contra toda forma de represión en democracia. Te recordamos siempre, compañero Cachito, y seguimos el camino que nos enseñaste.
