El 23 de abril, Daniel “El Pichi” Paredes (47), trabajador municipal y vecino de Valle Fértil, apareció muerto dentro de la Comisaría N°12 de San Juan, donde había sido detenido horas antes.
La policía habló rápidamente del clásico “suicidio” por ahorcamiento. Sin embargo, la familia denunció irregularidades gravísimas: contradicciones en los horarios informados, señales de presunta violencia, falta de acceso al cuerpo, traslado bajo fuerte custodia y un velorio a cajón cerrado.
Apenas se conoció la muerte de Daniel, la comunidad de Valle Fértil salió a las calles para reclamar justicia. Se realizaron dos marchas alrededor de la Plaza San Agustín, donde vecinxs caminaron entre velas y antorchas encendidas. Mientras crecen la bronca y la desconfianza frente a la versión oficial, los tres policías que estuvieron de servicio aquella noche hoy se encuentran de licencia.
Pero la responsabilidad política no termina en quienes estaban de guardia. Cuando una persona aparece muerta dentro de una comisaría, el estado es responsable.
El gobierno de Marcelo Orrego y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, encabezada por Enrique Delgado, son responsables políticos del funcionamiento de las comisarías, de las condiciones de detención y del accionar de las fuerzas de seguridad en San Juan.
Lo que pasó con Daniel no es un hecho aislado. Forma parte de una política de mano dura que avanza sobre los sectores populares con más control policial, más encarcelamiento y más muertes a manos de las fuerzas de seguridad.
Desde CORREPI venimos denunciando hace más de 30 años que las muertes bajo custodia forman parte de una política sistemática de estado y que estar detenido en un calabozo es una de las principales causas de muerte a manos de las fuerzas de seguridad.
Tal como advertimos en nuestro Informe de la Situación Represiva, el crecimiento de estas muertes no puede separarse del avance del hiperencarcelamiento ni de políticas que responden a la desigualdad social con más castigo y represión.
En nuestros barrios sabemos lo que significan el hostigamiento policial, las razzias, las detenciones arbitrarias y la violencia cotidiana sobre quienes menos tienen. La muerte de Daniel expresa una realidad que golpea todos los días a los sectores populares y que demasiadas veces se intenta silenciar.
Exigimos: ¡Justicia por Daniel “El Pichi” Paredes!
¡El estado es responsable!
¡Nadie se suicida en una comisaría!
