Desde hace varios días, una jueza de CABA viene siendo agredida violentamente por todo el aparato de propaganda del gobierno nacional y de la Ciudad. Su “crimen” fue resolver, en un caso concreto, que un chico de 14 años, en condiciones de extrema vulnerabilidad, que hizo un torpe intento de robar un celular, no fuera condenado penalmente, sino sobreseerlo y solicitar a los organismos del área de minoridad que aborden su situación desde otra perspectiva, para garantizar que finalice sus estudios secundarios, pueda practicar deportes que le interesan y, sin dejar de comprender que cometió un hecho reprochable, pueda reencauzar su golpeada vida.
Es innecesario que reproduzcamos aquí la enorme cantidad de argumentos con los que públicamente nos hemos opuesto a la baja de edad de punibilidad de niños, niñas y adolescentes, que se resumen en que el Estado prioriza el castigo en lugar de reforzar su presencia en los sectores vulnerables, que sólo toman contacto con el aparato estatal en materia represiva, porque está completamente ausente en lo que hace a su vida cotidiana, salud, educación, esparcimiento y vivienda, y omite deliberadamente la realidad estadística en cuanto a la participación real de menores de edad en hechos violentos.
Para resolver así, la jueza Laura de Marinis debió decretar la inconstitucionalidad, en el caso concreto, respecto de este chico, del art. 1º de la Ley 27.801, y tuvo en cuenta, además de la historia vital del pibe, el mínimo nivel de peligrosidad del hecho, sin armas, sin violencia en las personas, en circunstancias tales que aún de haberse tratado de un adulto sería excarcelable.
Armonizó también la legislación vigente con los mandatos convencionales en materia de niños, niñas y adolescentes, que, mal que le pese a los propagandistas oficiales, son de aplicación obligatoria para nuestros tribunales.Es obvio que todo fallo judicial es susceptible de críticas, como permanente señalamos con los que promueven la impunidad de poderosos y represores, y de recursos ante instancias superiores que tienen la facultad de revisarlos. Lo que resulta inaudito en el estado de derecho es que una resolución judicial abundantemente fundamentada genere un verdadero linchamiento público, recurriendo a los más abyectos calificativos de su autora y de quienes compartimos su justa solución del conflicto.
Es evidente, aunque el gobierno logró conseguir aprobar la ley de baja contra la que históricamente hemos peleado, para gran parte de la sociedad la represión y el punitivismo NO resuelve los problemas sociales, mucho menos de los niños, niñas y adolescentes, sólo sirve para disciplinar y perpetuar el poder de los que más tienen y no quieren que nada cambie.
