El pasado 28 de febrero, en una entrevista que realizara en el programa “Animales Sueltos”, la ministra Patricia Bullrich volvió a pronunciarse – como lo viene haciendo todo el conjunto del poder ejecutivo principalmente desde el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel– a favor de la necesidad de una aplicación sistemática por parte de las fuerzas de seguridad de la pena de muerte, a través del gatillo fácil. Dijo: “En Argentina durante muchos años las fuerzas de seguridad, si hacían terminaban mal y si no hacían también terminaban mal” Luego repitió la misma frase, pero agregando una palabra que hace más clara su idea: “Si hacían lo correcto, terminaban mal y si no hacían terminaban mal”, refiriéndose a la acción de sentenciar en el acto a la pena de muerte a una persona como “hacer lo correcto”. Continuaba después diciendo que algunos agentes policiales le habrían manifestado: “si saco la pistola y pasa algo después voy preso, termino sin mi carrera, me acusan (…) me quedo sin trabajo”, refiriéndose a un supuesto miedo que impide a los policías a actuar de la manera que, según ella, es la deseable. Muchxs de nosotrxs sabemos que este supuesto miedo que impide que los policías actúen disparando a mansalva no es real, sino que sabemos que, muy por el contrario, los policías en principio no tienen miedo de replicar este tipo de accionar, puesto que muchos de los casos ni siquiera llegan a juicio -quedando como único imputado en la causa, la víctima- y, cuando llegan, las condenas son –en su gran mayoría- menores a la reclusión perpetua, que es la pena correspondiente constitucionalmente a un homicidio perpetrado por un agente de las fuerzas de seguridad del estado. Prueba de esto son los 5462 casos que tenemos registrados en nuestro archivo desde 1983 hasta el 2017, entre los que se registra el mayor pico represivo de este período durante los años de la gestión Cambiemos. De todas maneras, nunca se había llegado al punto de generar un aval tan explícito por parte del poder ejecutivo a un accionar que es completamente ilegal y que, como todxs sabemos, tiene como única finalidad el disciplinamiento de la juventud de clase trabajadora. Desde el momento en el que el presidente recibió al policía asesino Chocobar y lo calificó como un “héroe” -teniendo en cuenta que asesinó a un joven por la espalda-, el gobierno ha brindado un respaldo aún más grande a los efectivos de sus fuerzas represivas para que apliquen la medida inconstitucional de la pena de muerte. Las consecuencias de este aval explícito ya se están haciendo ver, y podemos registrar una gran cantidad de casos en el poco tiempo que va de este año.

 Ver también: No están para cuidarnos

 

Fusilamientos por Gatillo Fácil

Pablo Kukoc, asesinado por la espalda por el policía Luis Chocobar

Ya previamente a los sucesos del caso del fusilamiento del joven Kukoc en manos del agente Chocobar, teníamos registrados en nuestro archivo de casos un número de 725 casos de gatillo fácil en 721 días de gobierno, lo cual nos daba una estadística de un pibe fusilado por las fuerzas represivas del estado cada 23 horas. Ahora bien, este último pronunciamiento del gobierno a favor de dicha práctica ha generado un empoderamiento aun más grande por parte de los policías, que responden directamente a esta “orden de matar” que ha dado el gobierno. Algunos de los casos que hemos registrado durante este año son los siguientes (al momento de esta publicación aún estamos actualizando la lista de personas asesinadas por el estado en las últimas semanas).

– El 26 de enero, se registró el fusilamiento de un joven en Córdoba, en el Barrio Argüello, en manos de un policía que le disparó, bajo el pretexto de que el joven estaba queriendo ingresar a robar a una vivienda.
– El 1° de febrero, al mismo tiempo que el juez procesaba y embargaba a Chocobar, el policía Rubén Darío García de la policía vial de Quilmes, baleó a su ex novia de 19 años, frente a la comisaría de la mujer de Florencio Varela, cuando esta se dirigía a realizarle una denuncia por violencia de género. García terminó baleando también a otros efectivos policiales que se encontraban en el lugar.
– El 3 de febrero, un policía de la Ciudad de la Comisaría N°28 de Barracas asesinó a un pibe de 19 años, que supuestamente lo había interceptado junto con otros jóvenes que bajaron de un auto para robarle sus pertenencias, en la zona de Quilmes Oeste. La UFI 4 de Quilmes catalogó el hecho como “homicidio en ocasión de robo” y dejó en libertad al policía hasta que se realicen las pericias.
– El 4 de febrero fallecía en Las Talitas, Tucumán, Alexis Noguera de 23 años. La policía bajo el pretexto de estar buscando a un delincuente, ingresó la noche del 3 de febrero en su casa disparando balas de goma y rompiendo todo a su paso, acusando a su hermano de haber sido el culpable. Cuando Alexis fue a defender a su hermano de la golpiza que estaba recibiendo por parte de los agentes policías, terminó siendo también golpeado. Una mujer que, con su hijo en brazos, registraba el hecho con la cámara de su celular fue estrangulada por la policía y obligada a soltar el aparato. Un policía le disparó una posta de goma directamente a la cara a Alexis, y luego lo golpeó con la culata del arma, lo cual generó que el joven perdiera el conocimiento y falleciera al día siguiente.
– El 7 de febrero, un efectivo del grupo Halcón asesinó por la espalda al joven de 17 años Fabián Enrique, porque supuestamente habría intentado robarle el celular. El policía estuvo prófugo por 24 horas, hasta que se presentó en la comisaría 3° de Quilmes, y dio su versión de los hechos. La UFI 4 de Quilmes caratuló el hecho como homicidio, y se desafectó al policía de su cargo.
– El 8 de febrero, fallecía en el hospital el joven Luis Maldonado de Villa Fiorito, Lomas de Zamora, quien quedó internado luego de recibir disparos por parte del oficial de policía Ezequiel Gerard, mientras él y otros jóvenes se fugaban luego de un intento de robo.
El 26 de febrero nos llegó la noticia de un joven asesinado por un agente de la PSA, en Monte Grande. Thomas Ramiro Díaz era menor de edad y junto con otros jóvenes habría querido ingresar a la vivienda del policía para robarle con un arma de juguete. El policía, haciendo uso del arma reglamentaria de su pareja, le disparó cinco balazos.

 

Muertes y torturas en cárceles y comisarías

El gatillo fácil no es la única modalidad en la que se manifiesta la brutalidad policial, también son gran evidencia de esto los numerosos casos de torturas y muertes en cárceles y comisarías que se registran. Estos son algunos de los casos que hemos podido registrar en el último tiempo:

– El 26 de enero falleció Raúl Maximiliano Carrizo, de 28 años, luego de sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo, tras un incendio que se produjo en su celda en la cárcel de Villa Urquiza, provincia de Tucumán. Los oficiales penitenciarios lo acusan a él mismo de haber iniciado el incendio.
– En circunstancias similares, por un incendio provocado en su celda, fallecía el lunes 29 de enero en el penal de Loreto, provincia de Misiones, Andrés Cáceres de 26 años.
– El 5 de febrero falleció en Córdoba Jonathan Nicolás Centeno, cuando era trasladado desde el complejo carcelario de la ciudad de Bouwer a la alcaldía de Tribunales II. Ese día se registró una de las temperaturas más altas del año. Jonathan hacía tan solo dos días que estaba detenido por resistencia a la autoridad.

Macri, Bullrich, los jueces y el gatillo fácil

No podrán callar la voz del pueblo

Se nos abre a partir de las últimas declaraciones del poder ejecutivo, las cuales insisten reiterar en todas y cada una de las ocasiones en las que se les pregunta por estos hechos, una coyuntura novedosa respecto al tratamiento de los casos de gatillo fácil. Desde CORREPI llevamos hace años un esfuerzo militante para que se entienda al gatillo fácil como una política de estado, direccionada específicamente a disciplinar y sembrar el miedo en los jóvenes de clase trabajadora, en aquellxs que sienten más de cerca las injusticias y desigualdades de este sistema, ya que tanto las mismas fuerzas represivas como el sistema judicial actúan protegiendo a los perros guardianes del estado opresor, reduciendo sus penas o directamente “cajoneando” las causas. Pero siempre el estado había tomado el recaudo de realizar estas acciones detrás de un velo discursivo que lo hacía desligarse de la responsabilidad directa sobre estos actos, dificultando la comprensión de lo que nosotrxs como organización hemos afirmado: que el gatillo fácil es política de estado. Hoy en día, a partir de las declaraciones de Macri y Bullrich, ha quedado muy claro que el gatillo fácil es una política dirigida por el mismo estado, un accionar avalado abiertamente y considerado como la manera correcta de actuar. Las consecuencias de la implementación de esta doctrina ya se están haciendo ver y se hacen sentir con fuerza, sobre todo en las barriadas populares, que son el sector social al que van dirigidas estas políticas. Por eso, hoy cada vez más, se hace urgente redoblar nuestros esfuerzos militantes para que ese supuesto miedo del que hablaba la ministra se haga real, para terminar con este nivel de impunidad descarado que nos quita la vida de un ser querido cada 23 horas, al implementar sistemáticamente la práctica ilegal e inconstitucional de la pena de muerte. Detrás cada uno de estos casos en los que el poder ejecutivo y los medios cómplices buscan despojar a las víctimas de su identidad, hay familias que sufren el dolor y la rabia de haber perdido a un hermanx, un primx, un sobrinx, un hijx, y por mantener viva su memoria es necesario que le hagamos sentir al estado y a sus perros guardianes que no pueden actuar con impunidad, que adonde vayan los iremos a buscar.

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