Hace apenas unos días, cuando se anunciaron las primeras medidas del gobierno recién asumido (https://www.correpi.org/2023/la-casta-esta-de-pie-con-empleo-y-en-el-gobierno/) enumerábamos las señales claras dadas hasta ese momento de la escalada represiva que se avecinaba, de la mano de las designaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri en las carteras de Seguridad y Defensa nacionales, y de Waldo Wolff y Diego Kravetz en Seguridad porteña y conducción de la Policía de la Ciudad. Con esos cuatro nombres cuyas gestiones anteriores bien padecimos no es necesario elaborar hipótesis, con el agregado de que su incorporación al gobierno de La Libertad Avanza promete todavía más dureza que en el gobierno de Cambiemos.
El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Bullrich apenas 24 horas después de que el ministro de economía licuara en más del 120% los ingresos de las familias argentinas es la muestra más clara de que la represión es el camino elegido para garantizar el mega ajuste en marcha.
Como en 2016, cuando anunció un protocolo similar, Bullrich impone con esta resolución un estado de excepción con suspensión de derechos democráticos y garantías constitucionales. Para lograr su objetivo de prohibir todo reclamo contra medidas antipopulares, decreta la ilegalidad de toda manifestación, movilización o acto de protesta; adecua a su antojo los requisitos objetivos y subjetivos para que se configure el delito del art. 194 del Código Penal; instruye a las fuerzas federales para actuar directamente sin orden judicial o fiscal y fija la “liberación de la vía pública” como objetivo inmediato con autorización para el uso de la fuerza.
Además, manda identificar “autores, cómplices e instigadores” a través de registros de imagen con cualquier dispositivo, con registro prioritario de los datos de líderes y organizaciones vinculadas, y a detenerles; identificar vehículos que transporten personas a las marchas y sus conductores y crea un registro –verdadera “lista negra”- con toda esa información de personas y organizaciones que llevará el propio ministerio. Misma persecución en el caso de madres y/o padres que participen de movilizaciones con sus hijxs, sobre quienes recaerán sanciones.
Anuncia, también, que personas y organizaciones serán demandadas por daños y perjuicios. Como ya pretendieron hacer desde la Ciudad de Buenos Aires con los juicios, aún en trámite, contra organizaciones políticas que movilizaron en diciembre de 2017 contra la infame reforma previsional y contra madres y padres de estudiantes que tomaron escuelas en defensa de la educación pública. Sobre las organizaciones sociales y políticas puntualmente, se suma además el cobro del “costo vinculado a los operativos de seguridad”. O sea, te apalean y después te cobran el palo. Para el caso de personas migrantes, promete la expulsión vía la Dirección de Migraciones, calcado lo que pasó con las personas venezolanas y turca detenidas arbitrariamente el día de la marcha contra la ley de presupuesto, que ni siquiera participaban de la movilización. Podríamos estar haciendo un refrito de lo dicho durante los cuatro años de macrismo, pero esta vez con mayor dureza y de un saque.
Finalmente, el protocolo deroga la Resolución 210/2011 del ministerio de Seguridad, dictada poco después de la masacre represiva en el Parque Indoamericano en línea similar a la de 2002, tras las 39 muertes en la represión a la rebelión popular de 2001, que establecía algunos límites al accionar de las fuerzas federales en situación de protesta o conflicto social. Por ejemplo, la prohibición de portar armas de fuego con proyectiles de plomo, la obligación de exhibir la chapa con nombre y grado de los funcionarios, como también de intervenir de manera gradual y progresiva, desde el diálogo, con las personas manifestantes.
No es exagerado, entonces, definir la resolución 943/2023 lo como la imposición de un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. Se prohíbe el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, se avanza en la criminalización de personas y persecución a las organizaciones populares, se habilita el uso inmediato y directo de la fuerza y la detención de manifestantes y se borran de un plumazo todos los estándares impuestos por la legislación nacional e internacional en la materia.
Hacemos responsables al Estado Nacional y los provinciales y de la Ciudad que actúen en forma similar de las consecuencias que acarree esta política de represión en perjuicio de personas y organizaciones y exigimos su inmediata derogación.
