El 24 de junio, en una sesión exprés, la cámara de diputados otorgó media sanción a la modificación del artículo 119 bis de la Ley N°9099 Código de Contravenciones de la Provincia de Mendoza. El artículo penaliza los encuentros con amigxs en casas particulares. Establece que “el que organizare y/o alojare reuniones que impliquen el incumplimiento de las normas que regulan estas actividades y las instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, dictadas durante la Emergencia Pública ratificada por Ley 9220, será sancionado con arresto desde 15 hasta 30 días o trabajo comunitario desde 60 a 80 días. En caso de reincidencia, la sanción se elevará al doble de su mínimo y máximo.”
La media sanción contó con los votos positivos del radicalismo y la mayor parte del Frente de Todos, anunciado por Germán Gómez (FdT-PJ) presidente del bloque y Mario Vadillo de Protectora. Enfrente, la diputada por el FIT, Mailé Rodríguez, mencionaba: “A las crisis sanitarias se le deben dar respuestas sanitarias, no punitivas, contravencionales y penales. (…) Al votar esta medida persecutoria desalientan que las personas colaboren con los datos que pudiesen ser útiles para la investigación médica, y fomentan la clandestinidad.” La lectura es correcta: la respuesta penal y contravencional (que también es penal pero sin las garantías de este) hace nacer en las personas imputadas el derecho a guardar silencio y a no auto-incriminarse. Nada más contraproducente con el fin de dar con la cadena de contagios.
La pandemia ha profundizado las enormes desigualdades sanitarias, sociales y económicas en todos los países del mundo; desigualdades que ya existían y que son asumidas por el sistema capitalista como necesarias.
Ante el descontento general, el estado responde abarrotando comisarías. En nuestro país el DNU que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio permitió ampliar los poderes a las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas para realizar controles permanentes y detenciones amparándose en el Código Penal.
Desde CORREPI anticipamos que el DNU no estaba previendo la situación del 40% de la población de nuestro país, aquellxs que viven en la informalidad, al día. Esto necesariamente repercutiría en los barrios populares. Por ello, difundimos los criterios de seguridad para estar atentxs y cuidarnos entre nosotrxs. La respuesta de esa política está a la vista: los atropellos por parte de las fuerzas no se hicieron esperar a lo largo y ancho de todo el país, llegando al punto de tener que soportar una docena de casos de gatillo fácil.
En consonancia con lo que ocurre en todo el país donde la pandemia es el pretexto perfecto para avanzar contra los derechos de lxs más vulneradxs, Mendoza se prendió a la demagogia del palo: en los informes nacionales denunciamos las detenciones más relevantes como también los megaoperativos policiales. Se desplegó uno para detener a un menor que limpiaba una vereda a cambio de alimento; otro para reducir violentamente a una docente y su hijo en el Wallmart de Godoy Cruz por homofobia policial; y un tercero, en Villa Hipódromo para impedir que lxs vecinxs accedan al derecho básico y elemental de la electricidad, lxs reprimieron con gases lacrimógenos y balas de goma. También, se encuentra el caso de un trabajador ambulante que fue detenido por vender verduras en la vía pública, pese al auxilio y reclamos de lxs vecinxs. Y finalmente, el caso de los hermanos Kevin y Ezequiel, en la Comisaría N°15 de Tunuyán, donde fueron brutalmente golpeados y producto de las lesiones Kevin perdió el riñón derecho y parte del hígado. El motivo de la persecución, represión y detención de Kevin, según la policía fue que el menor había violado el DNU por reunirse con sus amigos. Este último antecedente da para reparar, ante la ligereza con la que se está avanzando en la modificación del Código Contravencional.
Por otro lado, el Código Contravencional, ya había ha sido repudiado por CORREPI y otras organizaciones políticas, sociales y sindicales antes de ser sancionado en el 2019, dado que atenta contra las libertades civiles: criminaliza la pobreza y la protesta. Desde su sanción, el Ejecutivo antes con Cornejo y ahora con Suárez, con la venia de la gran parte de la oposición, han impulsado la represión selectiva a los sectores organizados, aplicando imputaciones particulares a militantes y multas a las organizaciones políticas, sindicales y/o sociales, que reclaman por mejoras para lxs trabajadorxs y el pueblo.
Todos los antecedentes mencionados nos anticipan que prevalecerán el discurso y las medidas punitivistas por sobre lo sanitario. Que ante las desigualdades estructurales, casi ancestrales, el estado responderá con lo que le sale más barato: legislar y pegar.
Respondamos tejiendo redes entre las organizaciones populares y los barrios para la autodefensa. Hoy más que nunca:
¡Cuidémonos del covid y de la policía!
