Foto: Tiempo Argentino
Los ministerios de Seguridad y de Educación porteños firmaron un convenio, la semana pasada, en el que suman a las “pasantías educativas” truchas, la posibilidad de que pibxs de 5° año hagan tareas de vigilancia para la Policía de la Ciudad.
“No cambies la visera por la gorra” es una consigna histórica de CORREPI. La semana pasada, los ministros de CABA Marcelo D’Alessandro (Seguridad) y Soledad Acuña (Educación), anunciaron con bombos y platillos en redes sociales, con video y todo, un convenio para que 150 chicxs (en una primera etapa, serían más conforme avance el acuerdo) del último del secundario realicen una pasantía “laboral” junto a la Policía de la Ciudad.
En primer lugar, desde CORREPI queremos ser clarxs y enfáticxs con esto: reprimir no es un trabajo. Uno de los múltiples y peligrosos efectos que esta medida busca es acercar a la juventud al aparato represivo del estado, ya sea para generar empatía con su rol de control social o directamente para que quieran ser parte de él. Los cacheos contra la pared, el “verdugueo” permanente, las situaciones de creciente violencia como las golpizas, la tortura, el gatillo fácil o las muertes en lugares de detención, son muchos de los escenarios cotidianos, naturalizados y absolutamente invisibilizados que viven lxs pibxs en los barrios. La juventud es, según nuestro Archivo, el sector más afectado por la letalidad de las políticas represivas del estado: el 38% de las muertes a manos de las fuerzas que registramos, corresponde a pibxs entre los 15 y 25 años a nivel nacional. Por su parte la Policía de la Ciudad, con sólo cinco años de existencia, ha matado en ese período 130 personas desarmadas, de las que 70 eran menores de 25 años. Proporcionalmente a la cantidad de efectivos, más que la tan temida Policía de la Provincia de Buenos Aires. Nuestrxs chicxs están en peligro.
Otra de las características de estas propuestas, tiene que ver con la mirada propia de la derecha sobre “la gestión”, para la que las personas somos recursos para bajar los costos y acrecentar sus ganancias. Las “Prácticas Educativas Laborales”, obligatorias para todxs lxs estudiantes que cursen el último año de la secundaria, que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta presentó a inicios del ciclo lectivo 2022, busca convertir a lxs estudiantes en mano de obra barata, precarizada o directamente gratuita, para empresas y dependencias estatales.
En números informados por Tiempo Argentino, esta medida alcanza a “a 29.400 estudiantes de 442 establecimientos educativos, de los cuales 11.250 alumnos y alumnas pertenecen a 116 escuelas de gestión estatal y 18.150 de gestión privada”. Con ella, se van a beneficiar “más de 600 empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Gobierno local, entre las que se encuentran: Banco Galicia, Stamboulian, el Banco Ciudad, Infobae, Megatlon, Accenture y diferentes ministerios porteños como Hacienda y Finanzas, Desarrollo Económico y Producción, etc.”.
Este es el modelo que Juntos por el Cambio, sin grieta entre “halcones y palomas” quiere replicar en todo el país, en su disputa por volver a la presidencia en 2023. Bajo la excusa cínica y falsa de la modernización, y como parte de un programa a pedir de los principales poderes económicos locales e internacionales, que incluye reformas laborales, previsionales, y también educativas, la derecha rancia pretende profundizar la ya gravísima situación de informalidad, flexibilidad y precariedad laboral, y, ahora, de paso reforzar el aparato represivo para atacar a los sectores que salimos a la calle contra esta avanzada.
Esto se evidencia si revisamos algunas medidas precedentes en esta misma línea. En julio de 2019, la entonces ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich anunciaba una medida similar a la que firmaron D’Alessandro y Acuña en CABA: el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería Nacional. Este programa convocaba a pibxs entre 16 y 20 años para realizar “capacitaciones” bajo el control de la fuerza que en 2017 desapareció y asesinó a Santiago Maldonado, y protagonizó la represión en las movilizaciones contra la OMC y la reforma previsional.
Ya a fines de 2021, la legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2022 enviado por Horacio Rodríguez Larreta, en el que se decidió destinar mayores ingresos a la construcción y refacción de comisarías que a infraestructura escolar, y el triple que lo fijado para hospitales. Una medida que anunciaba cuáles son las prioridades del jefe de gobierno porteño para la juventud: el calabozo, una bala por la espalda, la gorra, o la precarización laboral.
El contexto es absolutamente apremiante para millones de personas. La incapacidad o falta de voluntad del estado de avanzar en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida tanto de millones de trabajadorxs informales o que forman parte de la economía popular, como de laburantes registradxs cuya situación ya no garantiza alcanzar las condiciones materiales mínimas de subsistencia, espesan y acrecientan un clima de descontento social y movilización popular. Medidas como estas, absolutamente regresivas, agudizan la crisis, al tiempo que exponen cuáles serán los debates públicos en un 2023 signado por las elecciones presidenciales, y muestran el camino por el que buscarán atacarnos algunos sectores de poder.
Es imperioso que el movimiento popular, organizado y en la más amplia unidad posible, comience a gestar espacios de discusión para que nada de esto nos encuentre por sorpresa y sin la articulación necesaria. Es con esas conclusiones, con todxs aquellxs que se sientan interpeladxs por la necesidad de cambiar el curso de esta realidad apremiante, y en las calles, de la única manera que podremos hacerle frente.
