En la madrugada del 15 de julio de 2017, Paragüita viajaba en auto con dos amigos, Dani y Carlitos. A dos cuadras de su casa en la villa 21-24, se cruzaron con el bombero de la policía de la Ciudad Adrián Gustavo Otero. A partir de un incidente de tránsito, Otero comenzó a perseguirlos. Les disparó con su arma reglamentaria al menos ocho veces, a corta distancia del auto. Una de esas balas asesinó a Paragüita, mientras que sus dos amigos sobrevivieron de causalidad, a pesar de que Otero les disparó a la cabeza.
Pocos meses después, el policía de la ciudad fue procesado por homicidio calificado por su condición de policía por el fusilamiento de Cristian, y por tentativa de homicidio de sus amigos. En enero de 2018, recibimos la notificación de elevación a juicio de la causa.
Logramos sentar por primera vez en el banquillo de los acusados a un miembro de la fuerza de seguridad creada por Cambiemos a partir de la fusión entre la policía federal y la metropolitana. Esta “nueva” fuerza era presentada por Larreta como más eficaz, transparente y profesional.
En sus primeros 36 meses de existencia registró más de 68 casos de gatillo fácil, demostrando una vez más que los cambios de nombres y colores de uniformes no pueden ocultar la función de la policía: el control social y el disciplinamiento de la clase trabajadora.
El 23 de octubre de 2018, Otero se convirtió en el primer miembro de esa fuerza condenado a cadena perpetua por homicidio calificado, en un fallo que desmintió de manera contundente los dichos del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien poco tiempo antes había afirmado que la policía de la Ciudad no había cometido homicidios por gatillo fácil. El tribunal no sólo reconoció el homicidio, sino que también reconoció la responsabilidad del estado, por tratarse de un fusilamiento por parte de un miembro de las fuerzas represivas.
La condena que logramos arrancarle al estado, a fuerza de lucha y organización codo a codo con familiares y amigxs de Cristian, significó un fallo histórico en pleno avance del estado de excepción impuesto por el gobierno de Macri, Bullrich y compañía con record absoluto de muertes por gatillo fácil y tortura en democracia y mayor índice de detenciones arbitrarias.
El caso del fusilamiento de Paragüita se dio en el contexto de recrudecimiento de las políticas represivas del estado por parte del gobierno de Cambiemos, que ha dejado más claro que nunca que el gatillo fácil es una política de estado. En nuestro archivo de casos de 2019 denunciamos que en 1.435 días de la gestión de Cambiemos fueron asesinadas 1.833 personas, de las cuales 502 murieron bajo la modalidad represiva del gatillo fácil. Fue el gobierno más represivo desde el regreso de la democracia. El 26% de las 7.093 muertes por fuerzas policiales desde diciembre de 1983 a noviembre del 2019 sucedieron en menos de cuatro años de gobierno de Cambiemos. Sólo en 2019 hubieron 529 casos. Eso significa que el estado fusila a una persona cada 19 horas.
De las más de 7.000 personas asesinadas en democracia por las fuerzas policiales, 2.874 son pibes pobres entre 15 y 25 años de edad, entre los que se encuentra Paragüita, que tenía 25 años.
Esas mismas fuerzas represivas son las encargadas de garantizar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, dando lugar a una nueva situación de excepción.
Hoy estamos ante un rebrote represivo con más de dos docenas de casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias, aplicación de torturas que desembocaron en al menos 23 muertes en lugares de detención, desapariciones forzadas e incontables hechos represivos en todos los puntos del país.
A principios de mayo, en un contexto de multiplicación de pedidos de policías y otros miembros de la fuerza de seguridad que cometieron hechos represivos en democracia como el fusilamiento de Paragüita, recibimos una notificación del TOC n° 1, informándonos que la defensa de Adrián Otero había pedido su prisión domiciliaria con motivo de la pandemia de COVID-19. Desde la querella, en representación de la madre de Paragüita y de sus dos amigos, que lograron sobrevivir, respondimos lo mismo que venimos sosteniendo públicamente: Otero está condenado a perpetua, la pena más grave posible, como autor de un delito aberrante como es el homicidio calificado, en su condición de miembro de una fuerza de seguridad, de Cristian y de dos tentativas del mismo delito contra Dani y Carlitos. Esa misma condición de policía facilita el riesgo de fuga, además de poner en riesgo a sus víctimas. Por otro lado, Otero ya cuenta con los beneficios de estar alojado en un pabellón especial, fuera del perímetro de la cárcel, sin hacinamiento y con todas sus necesidades cubiertas, a diferencia de la población carcelaria en general. No es grupo de riesgo, ya que tiene 48 años y ninguna enfermedad que lo haga más vulnerable ante el coronavirus.
El TOC n° 1 resolvió rechazar el beneficio, recogiendo nuestros argumentos en este contundente párrafo: “Debe tenerse en cuenta la gravedad de la condena impuesta a Adrián Gustavo Otero. Esto se debe sumar al carácter que tiene el peticionante de ser integrante de una fuerza de seguridad, todo ello ante el riesgo, nada inverosímil, de que en el caso de darse su egreso de la sede penitenciaria en la que se encuentra, tenga la posibilidad de tomar represalias contra quienes fueron sus víctimas, y sus allegados.”
Necesitamos seguir visibilizando el accionar del estado y su política represiva, así como recordar a lxs pibes fusilados en democracia. Necesitamos hacer memoria de nuestras batallas ganadas a fuerza de lucha y organización como la que logramos junto con familiares y amigxs de Paragüita. Por todo esto, a tres años de su fusilamiento seguimos gritando bien fuerte:
CRISTIAN “PARAGUITA” TOLEDO Y TODXS LXS PIBES ASESINADXS POR EL APARATO REPRESIVO DEL ESTADO
¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!
