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Madrugada del 29 de diciembre de 2001. Maximiliano Tasca, Cristian Gómez, Adrián Matassa y Enrique Díaz tomaban una cerveza en el kiosco de la estación de servicio ubicada en Av. Gaona y Bahía Blanca, barrio de Floresta (CABA). Mientras, miraban las imágenes de la pueblada en Plaza de Mayo contra el recién asumido presidente Adolfo Rodríguez Saa. Cuando vieron la caída al piso de uno de los oficiales que reprimían en aquella jornada y la resistencia de las personas que se manifestaban, Maxi hizo un comentario sobre la “justicia” que ese instante le significaba. Esa frase fue suficiente para que el suboficial Juan de Dios Velaztiqui desenfundara su arma y vaciara el cargador sobre los chicos. El único que logró escapar, gracias a su velocidad y a la mala puntería del policía fue Enrique. Maxi, Cristian y Adrián murieron producto de los disparos.

Acto seguido, comenzó el “operativo encubrimiento”: Velaztiqui sacó los cuerpos, les tiró un cuchillo tramontina al lado y, al llegar sus compañeros de la comisaría 43ª, plantó la teoría de siempre, “delincuentes abatidos”. Esto fue replicado, rápidamente y cómo siempre ocurre, por los medios de comunicación hegemónicos, igual que en miles de casos registrados en nuestro Archivo. Cristopher “Bocha” Rego, Christian “Paragüita” Toledo o el reciente caso de Lucas González, por citar apenas algunos.

Velaztiqui se había retirado de la Policía Federal, pero al año había sido reincorporado para prestar servicios adicionales, tal como ocurrió este año, por ejemplo, a partir de la facultad que recibió el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni para reinstalar oficiales retirados a la tarea de “patrullaje interno”. En su primera etapa en la PFA, Velaztiqui estuvo implicado en varios hechos represivos durante la dictadura cívico-eclesiástica–militar, de los cuales salió impune. Una prueba más de cómo se entrelazan los distintos eslabones, incluído el Poder Judicial, para concluir en la represión como una política de estado.

Tal como ocurrió en 1987, a partir de la Masacre de Budge, o con la Masacre de Monte en 2019, el barrio rápidamente se movilizó. Gracias a la lucha colectiva, junto a organizaciones sociales, políticas y de DDHH que acompañamos, se logró sentar en el banquillo de los acusados al suboficial Juan de Dios Velaztiqui, y condenarlo a cadena perpetua.

Pasaron 20 años y el gatillo fácil no disminuye. La necesidad de organización, unidad y lucha para hacerle frente, y de seguir peleando por las medidas elementales de nuestra Agenda Antirrepresiva Urgente para reducir su letalidad, tampoco.

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