El 19 de abril de 1991 tocaban Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras. Antes y durante el recital, 73 personas fueron detenidas en la zona por la policía federal, en el marco de una razzia que combinaba, en un combo explosivo, el servicio de policía adicional contratado por la organización del recital y la oportunidad para la comisaría 35ª del barrio de Núñez de “tumbar” un par de bares cuyos propietarios eran renuentes a pagar la cuota mensual de “protección” policial, todo en el marco del ejercicio a pleno de las facultades policiales para detener personas arbitrariamente.
Ninguna de esas personas fue acusada por un delito. En el caso de los mayores de edad, la “causa” de la detención fue registrada como “para identificar” (o sea, averiguación de antecedentes o establecer identidad) o como “contravención” (en esa época, en función de los famosos edictos policiales). La detención de chicas y chicos de menos de 18 años fue justificada por su presencia en la calle de noche, al amparo del “Memo 40”, una disposición policial interna que permitía eludir la consulta al juez de Menores.
Medio día después, Walter Bulacio, un pibe de Aldo Bonzi de 17 años, alumno de 5º año del Colegio Nacional Rivadavia, era trasladado al hospital Pirovano con un grave cuadro neurológico de origen traumático. El 26 de abril, después de una semana en coma, Walter murió en el Sanatorio Mitre.
La detención, tortura y muerte de Walter impactó sobre el movimiento estudiantil y juvenil, que protagonizó manifestaciones multitudinarias que sacudieron el escenario de desmovilización de la época. Nació un grito colectivo: “Yo sabía que a Walter lo mató la policía” que perdura hoy, en las marchas antirrepresivas, pero también –y sobre todo- en los barrios, las canchas y los recitales, en la garganta de jóvenes que no habían nacido entonces, pero hoy levantan la misma bandera porque siguen siendo víctimas de la misma violencia estatal.
A pesar de eso, a pesar de que la causa generó una condena de la Corte Interamericana de DDHH que ordenó en 2003 derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias, a pesar del tardío e incompleto juicio oral al comisario Miguel Ángel Espósito que recién llegó en 2013, a pesar de su ridícula condena, a pesar de que no hay juez, fiscal o cámara que de vez en cuando no cite el Caso Bulacio y que se estudie en las facultades, lo cierto es que hoy, en 2025, no sólo estamos igual en materia de detenciones arbitrarias en Argentina. Estamos mucho peor.
Peor, mucho peor, porque las policías (y las demás fuerzas federales, cada vez más presentes en el patrullaje urbano) tienen más facultades para interceptar, identificar, requisar y detener personas arbitrariamente, pero además tienen expreso aval del gobierno nacional y muchos provinciales para el gatillo fácil.
Una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei fue el dictado de un nuevo Reglamento General para el empleo de las armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad (Res. 125/2023 del Ministerio de Seguridad) que las habilita a disparar sin identificarse ni dar voz de alto, para lograr una detención, para impedir una fuga, dentro de una cárcel o comisaría para “mantener la seguridad y el orden”, y todo ello, aunque la persona esté desarmada o esté huyendo, pero el agente interviniente “presuma” que podría tener un arma. La misma Doctrina Chocobar del año 2018, recargada.
Esa norma, actualmente de carácter administrativo, va camino a convertirse en ley nacional aplicable en todo el territorio nacional, con el proyecto de reforma del art. 34 del Código Penal que espera tratamiento en el Congreso. Nunca -ni siquiera en la anterior gestión ministerial de Patricia Bullrich bajo la presidencia de Mauricio Macri- un gobierno llegó tan lejos en su expresa legitimación del gatillo fácil como política de estado. Decía Rodolfo Walsh, bajo el título “Milongas clásicas”, que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Las que aparecen en boca policial en las causas por gatillo fácil son “Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…”. Estas milongas clásicas hoy son regla ministerial en Argentina y si se aprueba la reforma del Código Penal serán ley vigente.
Así, no sólo se multiplican las detenciones arbitrarias, con su secuela de tortura y muerte en comisarías, y los fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores gozan de impunidad garantizada por el gobierno. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder.
Por eso, a 34 años de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, debemos recordarlo ampliando y profundizando la lucha organizada contra las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil y todas las prácticas represivas que se descargan a diario contra el pueblo.
