Hoy se cumplen dos años desde aquel 12 de mayo en que la vida de Iago Avalos fue arrebatada por José Ernesto Pérez, subcomisario de la Policía Federal. Desde ese día, la familia de Iago comenzó la lucha para exigir justicia.
Al poco tiempo de haberle disparado por la espalda a Iago y dejarlo morir en el piso, sin posibilidad de asistencia médica, Perez Buscarolo fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Porque como hace mucho sabemos, a diferencia de lo que sucede con el pueblo trabajador, los privilegios los reciben quienes forman parte del brazo armado del estado. Los que visten uniforme y cargan con el arma reglamentaria.
El 6 de Mayo pasado, el subcomisario de la Policía Federal debió haberse sentado en el banquillo de los acusados; sin embargo, el juicio se pospuso por segunda vez (la primera ya había sido el 2 del mismo mes) porque al beneficio de la domiciliaria, se sumó el pedido del juicio por jurado. Este juicio precisa de 18 personas mayores de edad “imparciales”, hecho de suma complejidad si tenemos en cuenta la ferviente campaña mediática de la doctrina Bullrich y el “voto bala”.
La familia de Iago lo recuerda como un pibe de 17 años, como una persona alegre y solidaria que trabajaba como mecánico de autos y motos, como un estudiante en la Escuela Esteban Echeverri de Villa Tesei, en Hurlingham.
A dos años del fusilamiento de Iago Avalos, seguimos exigiendo justicia por él y por las más de 6500 personas asesinadas por el aparato represivo del estado.
Por esto, el próximo 22 de mayo nos va a encontrar nuevamente en las puertas de los tribunales de Morón para exigir:
¡Justicia por Iago!
¡Basta de gatillo fácil!
