El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, pisa el acelerador de un modelo represivo y consolida un andamiaje estatal para disciplinar la protesta social en la provincia.
El envío del comisario Mario Riili a Medio Oriente para capacitarse en “terrorismo”, realizado el año pasado y expuesto recientemente por el medio El Otro, no es un hecho aislado, responde a una decisión política del gobierno provincial, a la vez que integra una agenda en la que también intervienen organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas-DAIA. Se trata de una estrategia de formación policial orientada a profundizar la criminalización de la protesta social en Mendoza.
Riili, funcionario policial con denuncias penales por su accionar represivo durante las manifestaciones en defensa del agua, fue seleccionado para formarse en un Estado cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, es objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El elegido por Cornejo es el puntapié para que la policía de Mendoza sea formada por Israel, un país que tiene prácticas de terrorismo de Estado.
Repudiamos estas acciones políticas del gobierno que profundiza una orientación represiva y de criminalización de la protesta en la provincia.
Este avance represivo no se limita a la formación policial. Se articula con otras herramientas legales y judiciales que refuerzan el control social. El Código Contravencional funciona como un mecanismo de hostigamiento y disciplinamiento inmediato sobre quienes se movilizan, mientras que la judicialización avanza en otro plano. Hoy hay más de 40 personas imputadas por defender los bienes comunes, lo que evidencia una articulación entre el poder político y el sistema judicial.
En la misma línea, la reforma de la Ley 6722 de Policía aprobada en la legislatura provincial, amplió las facultades represivas y otorgó una herramienta legal para legitimar y garantizar el “Gatillo Fácil”.
Y como si esto fuera poco, este modelo se expande con la incorporación de pistolas Taser, incluso en manos de preventores municipales. Presentadas como “armas no letales”, su uso ha sido cuestionado reiteradamente por Organismos Internacionales de Derechos Humanos debido a los daños que pueden causar, incluso la muerte. No existen armas “no letales” en términos absolutos. Toda arma es letal, porque toda arma sirve para herir o matar. Las pistolas Taser son un instrumento de tortura, son picanas portátiles a distancia.
Pero ante este intento de imponer el miedo y el silencio, ´hay un pueblo que se moviliza, construye memoria colectiva y demuestra en las calles una y otra vez, que la megaminería no tiene consenso social.
Frente a la represión, ¡Organización y Lucha!
EL AGUA DE MENDOZA NO SE NEGOCIA.
Lo que se consolida en Mendoza es un modelo de Estado punitivo, basado en la ampliación de las facultades policiales, el hostigamiento contravencional, la criminalización de la protesta, la persecución judicial y la incorporación de nuevas tecnologías de control.
Un modelo orientado a disciplinar a quienes luchan y a despejar el camino para avanzar con la megaminería en Mendoza.
