Hace dos días, un comunicado del Ministerio de Seguridad informó que la ministra Patricia Bullrich reinstalaría la Resolución 956/2018, que estuvo vigente en su gestión anterior bajo la presidencia de Mauricio Macri, conocida como Protocolo Chocobar. Esa resolución, que amplía los casos en que se permite el uso de armas de fuego por los integrantes de las fuerzas de seguridad federales, había sido anunciada dos días antes de la cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que era una “medida extraordinaria para garantizar la seguridad de los visitantes extranjeros”, pero tuvo vigencia hasta diciembre de 2019, cuando fue derogada por la Resolución 1231/2019, junto a otra media docena de protocolos represivos del mismo período.
Hoy se publicó en el Boletín Oficial esta nueva Resolución 53/2024, que autoriza a la prefectura Naval Argentina a usar armas largas (lo que NO tenían prohibido) y mandata al gabinete de asesores a preparar nuevas versiones de los protocolos derogados por la Resolucióm 1231/2019 de diciembre 2019, es decir de aquellos autorizados por la Resolución 956/2018, que habilitaba el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas. La resolución 1231/2019 también derogaba la 395/2019, que disponía el uso de pistolas Taser por las mismas fuerzas; la 598/2019, que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería Nacional; la 845/2019, que creó el programa “Ofensores de trenes” y la 923/2019, que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en el Complejo Turístico de Chapadmalal. Asimismo, repuso la vigencia de las normas internas e internacionales preexistentes en materia del uso de armas por parte de las fuerzas federales, como el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, también de la ONU, incorporados a nuestra legislación interna.
CORREPI celebró en su momento la resolución 1231/2019 (https://www.correpi.org/2019/una-conquista-que-debemos-profundizar-con-la-movilizacion-y-la-lucha/ ) ya que, como lo señalamos hace apenas unos días (https://www.correpi.org/2024/vuelve-la-doctrina-chocobar/) el retorno a la legislación anterior inmediatamente generó una disminución de la cantidad de personas asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales, a pesar que poco después la irrupción de la pandemia produjo un alza de la represión en todas sus formas y en particular del gatillo fácil.
Recordemos que las normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere volver a derogar establecen con claridad los principios generales del uso de la fuerza, y en especial de las armas de fuego, por parte de los miembros del aparato represivo estatal, y fijan prohibiciones igual de explícitas.
Por ejemplo, autorizan el uso de la fuerza y las armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá como “último recurso” y siempre con moderación y proporcionalidad, “reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana”, entendida como vida humana la de todas las personas, no sólo la de quienes ellos llaman “gente de bien”. Expresamente disponen que “la fuga no justifica el uso de armas”, ya que disparar para evitar la huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha o por “olfato policial”, ni por la espalda ni contra personas desarmadas.
La decisión de la ministra Bullrich de volver a esos protocolos felizmente derogados en diciembre de 2019 se vincula directamente con el fracaso del intento de legalizar el gatillo fácil y consagrar la impunidad de sus perpetradores por la vía de la ley ómnibus, y anticipa una nueva oleada represiva.
Decía Rodolfo Walsh, bajo el título “Milongas clásicas”, que, así como hay apenas media docena de chistes básicos que admiten infinitas variaciones, la crónica policial registra media docena de historias que pueden tomarse de modelo. Éstas son algunas de las que aparecen en boca policial en las causas por gatillo fácil: “Creí que podía estar armado… Tenía la obligación de evitar la fuga… Hizo un movimiento sospechoso… Pensé que iba a cometer un ilícito… Vi un arma, no sabía que era de juguete…”.
Si logran su objetivo, no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial. A la vez, es evidente lo útil que será para justificar represiones y asesinatos en movilización y manifestaciones populares. Bastará que algún policía diga “me pareció ver alguien armado” o “vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma” en la multitud para disponer de tiro limpio contra todxs. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder.
Hay un solo camino para enfrentar esta orden explícita a las fuerzas para descargar más plomo sobre el pueblo pobre.
Convocamos al conjunto del campo popular a repudiar activamente este extraordinario nuevo avance represivo, que impone de hecho la pena de muerte a punta de reglamentaria.
