Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2021
En este link podés descargar el informe y listados completos del Archivo 2021 de Casos de Personas Asesinadas por el estado.
CORREPI: 30 años en las calles contra la represión:
1) La prehistoria
2) La historia
3) La deuda es con el pueblo
4) Una agenda antirrepresiva urgente
Provincia de Buenos Aires: La tierra del sheriff Sergio Berni
CABA: 14 de años de gestión PRO y trampolín de Rodríguez Larreta
Mendoza: Represión al pie de la cordillera
Mar del Plata: entre el mar, la miseria y la represión
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado:
1) ¿Por qué hacemos el archivo?
2) ¿Cómo hacemos el archivo?
3) Las conclusiones
Segundo año de la gestión del Frente de Todos: la pandemia va a pasar, la represión sigue
Primera causa de muerte a manos del estado: estar en un calabozo
Intervención de las distintas fuerzas
Edad de las víctimas: lxs pibxs están en peligro
Distribución por territorio: de Ushuaia a La Quiaca
Ni una menos: femicidios de uniforme
Pandemia y malas decisiones
Las muertes en la represión a la protesta
CORREPI: 30 años en las calles contra la represión
La prehistoria
“CORREPI surgió de la síntesis de la lucha barrial por la Masacre de Budge y de la experiencia de movilización de sectores estudiantiles y políticos juveniles por el Caso Bulacio”, decimos de forma estilizada para describir un proceso iniciado a poco de terminada la dictadura cívico-militar-eclesiástica, cuando un pequeño grupo de gente joven, que acompañaba al movimiento de DDHH en la denuncia del genocidio y el terrorismo de estado, empezó a vincularse con familiares de personas que, ya en plena democracia, eran víctimas de la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad. El asesinato de un preso en la cárcel de Olmos, el fusilamiento por la policía de un pibe en el conurbano bonaerense, los recurrentes relatos de detenciones arbitrarias en las barriadas populares, muchas veces con la aplicación de tormentos con la “bolsita” o directamente la picana, nos convocaron a prestar atención a las formas en que se reprimía bajo un gobierno constitucional. En ese escenario, mientras abrevábamos en la lectura de las Crónicas del Gatillo Alegre y las Crónicas de la Picana escritas por Rodolfo Walsh en la década del ‘60, un día estalló un barrio entero, organizado y movilizado por el fusilamiento de tres pibes en una esquina de Ingeniero Budge.
En 1987 se formó la Comisión de Amigos y Vecinos de Budge (CAV). En 1988, familiares y vecinxs de Agustín Ramírez se organizaron para denunciar el fusilamiento del militante cristiano de base, conocido en la zona por su activismo en los conflictos por tierra y vivienda. En 1989, el Barrio Central de Rafael Castillo, La Matanza, empezó a reclamar justicia por Marcelo “Peca” Rivero, fusilado por policías. El mismo año, en octubre, ocho chicos entre 10 y 12 años murieron en el incendio de una “comisaría del menor” en Formosa.
Armamos entonces una carpeta con esos casos y otros casos, e iniciamos una ronda de visitas a los organismos de DDHH existentes, para proponerles incluir en su agenda la represión policial. No nos fue bien, por eso decimos también que CORREPI es el resultado de un tremendo fracaso. En aquellos años, no se percibía el gatillo fácil o las muertes bajo custodia como un “problema de DDHH”.
Mientras tanto, nos fuimos vinculando con más familias afectadas y organizamos actividades en barrios del conurbano y del sur de la ciudad de Buenos Aires, como cuando desde un patrullero de la PFA, que perseguía un auto en fuga, dispararon y mataron a Vanessa Perinetti, una nena de 6 años que estaba jugando con su perrito en el umbral de su casa en La Boca (1990).
El pequeño grupo, sin nombre todavía, empezó a crecer con la incorporación de familiares de víctimas, que ya desde entonces entendíamos que debían ser protagonistas y no simplemente personas “acompañadas” o “asistidas”. Construimos, desde la etapa embrionaria, un modelo novedoso en el ámbito de los DDHH. No quisimos ser un organismo “de afectados” ni un “grupo de apoyo”, queríamos construir una organización antirrepresiva. Similar criterio aplicamos cuando comenzaron a acercarse compañerxs que ya militaban en otros espacios. La militancia en CORREPI no está cerrada a nadie, sea “independiente” u orgánico en un partido político, sindicato, centro de estudiantes o cualquier otra estructura. Mientras tengamos el piso de acuerdos mínimo necesario contra la represión estatal, todxs son bienvenidxs.
Así como el 8 de mayo de 1987 marcó un hito, el 19 de abril de 1991 fue el siguiente “acontecimiento”. Esa noche, casi un centenar de personas jóvenes fueron detenidas por la policía federal en una razzia en el barrio de Núñez, en la previa al recital de una banda de rock en el Estadio Obras. Walter Bulacio, de 17 años, fue trasladado casi al mediodía siguiente a un hospital, con un grave cuadro neurológico, producto de los golpes recibidos. Murió una semana después. Su papá, Víctor, consultó a una amiga en quién confiar. La amiga era compañera de Martha Ferro, trabajadora de prensa, militante socialista y luchadora por los derechos de las disidencias sexuales y de género, que ya nos conocía. “Andá a ver a estos pibes, que le ponen el pecho a la yuta” fue el consejo. El 1º de mayo de 1991 conocimos a Víctor, y el 2 estuvimos a su lado en la marcha de miles de estudiantes que partió del colegio nacional Rivadavia y terminó en la Plaza de los Dos Congresos.
La visibilidad mediática del Caso Bulacio, marcada por la forma en que los titulares presentaban a Walter (el “estudiante secundario” detenido en un recital) potenció inmediatamente nuestra capacidad de intervención. En poco tiempo, se sumaron suficientes compañerxs como para empezar a pensar en la estructura orgánica.
La historia del nombre es más o menos conocida: cualquier sigla formada por las iniciales o letras de COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL daba fonemas impronunciables, hasta que un pibe de 16 años, cuando fue a la cocina a cambiar la yerba del mate, dijo en chiste “CORRÉ PIBE, QUE VIENE LA YUTA”. Y quedó CORREPI.
El primer acto público con ese nombre fue un Cabildo Abierto contra la Represión en Corrientes y Montevideo el 22 de mayo de 1992. Hicimos una radio abierta con testimonios de familiares y víctimas, e invitamos a tocar a tres bandas, Los Piojos, Los Caballeros de la Quema y La Renga. Público estimado, 300 personas. CORREPI estaba en las calles.
La historia
A partir de la Masacre de Budge, todavía bajo la gestión del radical Raúl Alfonsín, el gatillo fácil empezó a ganar algún espacio en los medios de comunicación, claro que sin salir de las páginas policiales, con titulares que reafirmaban la versión policial del “enfrentamiento”. Muy lentamente, la lucha de las familias organizadas comenzó a perforar el muro azul de silencio. La respuesta oficial estuvo a cargo del gobernador Alejandro Armendáriz y su ministro de Gobierno Juan Antonio Portesi, que con mínimas variantes adjudicaron la denuncia pública y la movilización a la actividad “disociadora y subversiva de comunistas que pretendían réditos políticos”. Registramos en el Archivo de Casos 139 asesinatos a manos del aparato represivo estatal durante la gestión de Alfonsín.
Durante la presidencia de Carlos Menem, la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio recibió mucha atención periodística, al calor de movilización juvenil y estudiantil, inédita desde el retorno de la democracia. Por primera vez, el grito de “basta de gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias” cruzaba la General Paz y estallaba masivamente en Congreso o Plaza de Mayo, el centro político del país, a la vista de “la opinión pública(da)”. La puerta que el caso Bulacio abrió para que aumentara la visibilidad de los hechos de represión estatal fue respondida por funcionarios del gobierno con la tesis del “loquito suelto”, la “manzana podrida” o el “psicópata reclutado por error” en todas sus variantes, y con la acusación a la prensa permeable: “No hay gatillo fácil, hay periodistas de pluma fácil”, en palabras del propio presidente Menem y su jefe de la PFA, Adrián Pelacchi.
Otro recurso paralelo –retomado periódicamente en los momentos de auge de los discursos de demagogia punitiva- era la criminalización de la víctima. Nuestra incipiente intervención en los medios en aquellos años casi se reducía a la pregunta, formulada con más o menos empatía, de qué hacían la espalda o la nuca del pibe en el camino de la bala policial. En oposición alguna “víctima inocente” (como presentaban los medios a Walter, por ejemplo), el resto eran “víctimas culpables”, que “se lo buscaron”, que “algo habrían hecho”, verdadera actualización del “por algo será” que legitimaba el terrorismo de estado de la dictadura.
Si esto dificultaba la percepción del gatillo fácil, directamente eliminaba la posibilidad de contemplar las muertes en lugares de encierro como violaciones a los DDHH. Fue determinante la incorporación a la joven organización de la compañera Delia Garcilazo, cuyo hijo Rodolfo “Fito” Ríos fue torturado hasta morir en la vieja cárcel de Caseros el 26 de noviembre de 1992. Delia nos orientó para entender y explicar que cualquier conducta previa de quien luego resulta víctima es absolutamente irrelevante, en tanto no exista un peligro de vida real que no pueda ser conjurado de otra manera y habilite el uso del arma u otras formas letales de fuerza física.
La detención arbitraria, tortura y muerte de Sergio Durán (17) el 6 de agosto de 1992 en la comisaría 1ª de Morón nos permitió, con la enorme lucha de su madre Olga Castro, sus hermanas y hermanos, y todo el barrio de Rafael Castillo, probar, antes que se cumplieran 10 años de gobiernos constitucionales, que no sólo se seguía torturando en las comisarías, sino que se usaba la picana eléctrica. En octubre de 1995 llegamos al primer juicio y la primera condena a prisión perpetua, a la que seguirían otras dos, a medida que fuimos encontrando a los prófugos. A casi 30 años, no desistimos en la búsqueda de los dos restantes.
Poco a poco empezó a cambiar la inicial percepción errónea del movimiento histórico de DDHH. Madres como Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, Beba Petrini o Porota Meronio nos acompañaban en las movilizaciones y en los juicios orales. El 23 de marzo de 1995, frente a la ESMA, Hebe Pastor de Bonafini habló por primera vez en público del gatillo fácil.
En la segunda mitad de la década, el movimiento de trabajadorxs protagonizó grandes luchas como las metalúrgicas de Tierra del Fuego y docentes en Neuquén; el movimiento estudiantil dio tremenda pelea contra la Ley Federal de Educación e irrumpieron en escena lxs trabajadorxs desocupadxs, pronto definidos como “Piqueteros” ya que retomaron una herramienta histórica de la lucha obrera, el piquete y corte de ruta. Esas movilizaciones debieron enfrentar feroces represiones, con el protagonismo novedoso de fuerzas federales no policiales (Gendarmería y Prefectura), desplazadas de sus funciones tradicionales en la frontera y las vías navegables. Se produjeron las primeras dos muertes, desde el fin de la dictadura, en la represión a la protesta social: Víctor Choque en Ushuaia (12/4/1995) y Teresa Rodríguez en Cutral-Co (12/4/1997). CORREPI intervino tanto en el reclamo de juicio y castigo por lxs caídxs como en la defensa política y técnica de lxs compañerxs criminalizadxs por luchar.
En este lustro iniciamos los primeros contactos con compañerxs y espacios de otros lugares del país y organizamos, en marzo de 1995, el primer Encuentro Nacional Contra la Represión. Fue en las conclusiones de una de las comisiones del Encuentro que usamos por primera vez la expresión “criminalización de la protesta”.
En 1996, el ministro Carlos Corach, en una nueva bravuconada, preguntó a los medios “dónde están los nombres” de las víctimas del gatillo fácil y las muertes en lugares de detención. Respondimos con el primer Archivo de Casos, que se convertiría en una de nuestras herramientas de lucha permanentes.
Desde fines de 1997, se impuso, desde el poder y su caja de resonancia, la prensa hegemónica, un discurso legitimador de la violencia estatal en torno a la idea de “seguridad ciudadana” que, sin ser del todo novedoso en su contenido, respondía directamente a las nuevas doctrinas represivas lanzadas al mundo desde las grandes usinas de pensamiento yanquis. CORREPI confrontó de lleno las tesis del alcalde neoyorquino Rudolph Giulianni y el ideólogo del Manhattan Institute, William Bratton. Al mismo tiempo, públicamente denunciamos los primeros proyectos de leyes antiterroristas, presentados o suscriptos por diputados de todas las bancadas (PJ, UCR, FREPASO). El masivo repudio popular logró frenarlos provisoriamente. Registramos 712 muertes a manos del aparato represivo estatal en la gestión menemista.
En diciembre de 1999, accedió al gobierno nacional la Alianza UCR-FREPASO, con Fernando De La Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez. La crisis de desocupación y pobreza era creciente. El 10 de diciembre de 1999, coincidiendo con la inauguración presidencial, vecinxs autoconvocadxs de Corrientes, que venían de meses de movilización por la falta de pago de sus salarios, cortaron el puente Gral. Belgrano, que une la ciudad de Corrientes con Resistencia. El nuevo gobierno respondió con la intervención federal y un operativo multifuerza, con protagonismo de gendarmería, que la madrugada del día 19 reprimió para desalojar el puente, con el saldo de dos muertos, Francisco Escobar y Mauro Ojeda, y medio centenar de heridos de bala. Hasta hoy CORREPI representa a las familias de las víctimas y sobrevivientes. La causa penal nunca avanzó sobre las responsabilidades materiales ni políticas, y tramita todavía el reclamo ante la CIDH.
La gestión de la Alianza estuvo signada por el ajuste y la represión. Se sucedieron los asesinatos en la represión a la protesta de Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán, y en menos de dos años estallaron las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. Echar a ese gobierno impopular nos costó 38 muertes en todo el país. Entre los cinco asesinados en el centro de CABA, cayó nuestro compañero Carlos “Petete” Almirón. Registramos 486 asesinatos a manos del aparato represivo estatal en la breve gestión de la Alianza.
Tras las fallidas presidencias provisionales de Puerta y Rodríguez Saá, la Asamblea Legislativa eligió a Eduardo Duhalde, que inició el proceso de relegitimación de las instituciones, seriamente lesionado al grito de “Que se vayan todos”. A poco de andar, el anunciado operativo de represión al plan de lucha piquetero previsto para el 26 de junio, culminó con el asesinato de Darío Santillán y Maxi Kosteki, un centenar de heridos y una causa judicial en la que se logró la condena a los autores materiales, pero se garantizó la impunidad de los responsables políticos, que hasta hoy seguimos señalando. La confianza puesta en CORREPI por un fotógrafo independiente, Sergio “Ruso” Kovalesvsky, que nos entregó sus fotos de la estación Avellaneda, ayudó a desarmar la tesis acordada entre gobierno y medios hegemónicos, “se mataron entre ellos”, o “la crisis causó dos muertos”. Registramos 268 asesinatos estatales en esta gestión.
El nuevo presidente, Néstor Kirchner, que llegó a la Casa Rosada con un resultado electoral muy bajo de la primera vuelta, ya que Carlos Menem eludió el ballotage, puso énfasis en construir la “transversalidad”, bajo la consigna del “proyecto nacional y popular”, con dos ejes centrales. Por una parte, el pleno protagonismo en la reapertura e impulso de los juicios contra represores de la dictadura, promoviendo la anulación de las leyes de impunidad y constituyéndose como querellante, a través de las secretarías de DDHH nacionales y provinciales, en las principales causas. Se sucedieron actos de fuerte contenido simbólico, como el retiro de los cuadros de Videla y otros genocidas del colegio militar y actos en la ESMA, el Parque de la Memoria o Campo de Mayo, con el señalamiento de los CCD. La “política de DDHH” expresada en esas y otras iniciativas, se convirtió en la marca distintiva del gobierno kirchnerista. Paralelamente, el gobierno adoptó un discurso de “no represión”. Encabezados por el propio Kirchner, que a la semana de asumir declaró “No quiero criminalizar la protesta social”, todos los integrantes del gobierno, y en especial los encargados del área de seguridad, dijeron cosas parecidas. En los primeros meses de gestión, no hubo mayores episodios de represión a movilizaciones o manifestaciones populares, y ello generó un clima de expectativa. Los piquetes y cortes de rutas que habían caracterizado los años anteriores, fueron reemplazados por el acompañamiento a los dirigentes que subían a los despachos oficiales para reunirse con Kirchner, con su hermana Alicia, con alguno de los Fernández o con funcionarios de segunda y tercera línea como Sergio Berni o Carlos Kunkel, y volvían para anunciar las promesas logradas, con lo que el gobierno no tuvo mucha necesidad de reprimir, pues no había situaciones de gran confrontación.
Pero una vez logrado el suficiente consenso, la designación de funcionarios de larga historia represora en sectores clave de los ministerios, secretarías y direcciones – como Gustavo Béliz, los fiscales Norberto Quantín y José M. Campagnoli y el ex árbitro de fútbol Javier Castrilli- fue una señal inequívoca en otro sentido, acompañada por una nueva versión, políticamente correcta, de la tesis de la “inseguridad ciudadana”, a la que se sumó una campaña mediática de estigmatización como “violenta” de toda modalidad de lucha que no se limitara a dialogar con el gobierno para consensuar “soluciones”. Hubo un sutil cambio en el discurso, expresado por el ministro de interior Aníbal Fernández que, en referencia a los piqueteros, dijo: “No vamos a reprimirlos, pero tienen que desaparecer” y agregó que el gobierno “no va a criminalizar la protesta social, pero cuando uno se pasa de la raya hay que cumplir con lo que dice la ley”. El secretario de seguridad, Alberto Iribarne, aclaró: “Cuando decimos que no vamos a criminalizar la protesta social estamos haciendo esa diferenciación: que una cosa es el delito y otra la protesta social”.
Para entonces, y aunque los medios lo seguían ignorando, ya se acumulaban los hechos represivos en todo el país, como el asesinato en la represión a una protesta en una comisaría en Libertador San Martín, Jujuy, del joven Luis Marcelo Cuéllar. Cuatro años después, en el otro extremo del país, fue asesinado en una protesta docente el maestro Carlos Fuentealba.
En agosto de 2004, la Subsecretaría de Seguridad Interior, de la que dependen las fuerzas de seguridad federales, hasta ese momento en el Ministerio de Justicia, regresó a la órbita del Ministerio del Interior, bajo la conducción de Aníbal Fernández. Se hizo notar el agravamiento de las imputaciones hacia los manifestantes, con el uso frecuente de figuras muchas veces no excarcelables, totalmente desvinculadas de las supuestas conductas punibles y sobre la base de elementos probatorios especulativos. A lo largo del año, hubo más de medio centenar de presxs políticxs en todo el país, imputadxs por delitos como coacción agravada, prepotencia ideológica o entorpecimiento de la explotación comercial de un establecimiento, que impedían su excarcelación; el poder judicial intensificó la delegación de las supuestas investigaciones en las agencias policiales, que aportaban como prueba sus informes de “inteligencia” y eran miles las personas en riesgo de ser condenadas y encarceladas.
Las siguientes dos gestiones kirchneristas, con CFK, avanzaron en la utilización de una serie de herramientas represivas que hacía tiempo ningún gobierno democrático usaba con tanta intensidad, como las patotas oficiosas en reemplazo de las fuerzas estatales y la militarización territorial. El asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, en el marco del ataque a trabajadores tercerizadxs por un grupo de choque de la Unión Ferroviaria de José Pedraza es ejemplo máximo de la primera, así como los episodios de las Heras son prueba de la segunda. La sanción, no de una, sino de siete leyes “antiterroristas”, en consonancia con las exigencias imperiales, las desapariciones de Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano y el aumento de las muertes por gatillo fácil y en lugares de detención, marcaron un gobierno que se caracterizó por haber aplicado la represión necesaria para “resolver” conflictos, con todo el consenso posible. Registramos 995 muertes a manos del aparato represivo estatal en la gestión de Néstor Kirchner, y 2.668 en las dos seguidas de Cristina Fernández.
Pero nada se compara a lo que padecimos tras el triunfo electoral de Cambiemos, que entronizó a Mauricio Macri como presidente. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 enfrentamos el negacionismo del terrorismo de estado y su reivindicación explícita con el intento del 2×1 a los genocidas, mientras, de la mano del más brutal ajuste y entrega al FMI, se instalaba un estado de excepción no formalmente declarado, con suspensión de derechos y garantías. Su implementación estuvo a cargo de la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich y sus pares provinciales, con la legitimación discursiva y normativa del gatillo fácil (“doctrina Chocobar”) y un récord absoluto en todas las prácticas represivas. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, la represión y criminalización extrema de la protesta social, como vimos en el curso de 2017, son sólo los hitos más visibles de una gestión marcada por el más alto voltaje represivo que sufrió el pueblo argentino desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica.
El propio gobierno, y en particular su insignia represiva, Patricia Bullrich, ubicó a CORREPI como su principal enemigo en el tema, al punto de publicar un “contrainforme” al Archivo de Casos titulado “MINISTERIO DE SEGURIDAD versus CORREPI”. El derrape fue mayúsculo, ya que no pudo desmentir un solo dato. Al contrario, terminó confirmando la exactitud de los datos, como cuando descartó de su conteo el registro de fuerzas provinciales, los femicidios de uniforme, los casos que involucran personal retirado (que conserva el “estado policial”), los casos archivados por el poder judicial (que rondan entre el 80 y el 90%, porque al gatillo fácil sigue el “sobreseimiento fácil”) o las muertes bajo custodia. Registramos, en los cuatro años de gestión macrista, 1.923 muertes a manos del aparato represivo estatal.
Bajo la presión de semejante gestión sistematizamos como “AGENDA URGENTE ANTIRREPRESIVA” los más importantes reclamos históricos que venimos impulsando hace décadas, con capacidad para reducir significativamente la letalidad cotidiana del accionar de las fuerzas de seguridad. Se trata de medidas que no requieren la previa transformación profunda del sistema social –única vía para terminar de cuajo con las prácticas represivas como política de estado-, sino que podría tomar, aquí y ahora, cualquier gobierno que quisiera realmente poner un mínimo freno a las detenciones arbitrarias, las muertes en lugares de detención, el gatillo fácil, las desapariciones, los femicidios de uniforme, la represión a trabajadorxs organizadxs y a conflictos de tierra y vivienda.
La deuda es con el pueblo
Ante el escenario de polarización actual y el fortalecimiento político de la derecha, tanto de la ahora llamada Juntos por el Cambio o Alianza Juntos, como de expresiones aún más extremas, es necesario retroceder un capítulo.
En términos económicos, Mauricio Macri dejó una inflación acumulada del 300%; 27% de caída del salario promedio real; 84% de devaluación del peso; una deuda externa de casi el 100% del PBI; 35,4% de pobreza y 10% de desocupación e indigencia. Detrás de esos datos puros y duros, hay millones de personas que sufrieron en el cuerpo y la vida esa catástrofe. En CORREPI, durante ese período, vimos llegar muchxs compañerxs con voluntad de sumarse a la lucha contra las políticas represivas encarnadas en Bullrich, y también vimos irse a muchxs, por las dificultades para sostener la militancia orgánica ante tamaña crisis.
La escalada represiva fue tan marcada que culminó con los peores números desde el regreso de la democracia. A fines de 2019, informamos la cifra de 1.833 personas asesinadas durante el gobierno de Macri, Bullrich y compañía, con un promedio de un asesinato cada 19 horas a manos de las fuerzas represivas. Hoy, con la información recibida desde esa fecha, registramos 1.923 muertes a manos del aparato represivo estatal entre el 10/12/2015 y el 9/12/2019, con lo que el promedio se agravó al record absoluto de una muerte cada 18 horas. Tan atípicamente dura fue la situación que en 2018 tuvimos que aplazar la presentación del informe a marzo del año siguiente, por las dificultades para chequear y sistematizar tamaño crecimiento de los casos. Ni siquiera durante la pandemia ocurrió algo parecido.
A lo largo de esos cuatro años, sufrimos un sinfín de represiones a la protesta social: trabajadorxs del Hospital Posadas, docentes, movilización contra la OMC, la reforma previsional, el presupuesto 2019, la militarización durante la reunión del G-20, la represión al pueblo Mapuche, y centenares más. El gobierno primero defendió discursivamente el gatillo fácil y luego lo legalizó con la resolución 956/2018, que convirtió en norma vigente la “Doctrina Chocobar”, como la empezamos a llamar después del asesinato de Juan Pablo Kukoc. Facundo Ferreira en Tucumán -cuyos asesinos fueron recientemente condenados a cadena perpetua-, Santiago Maldonado en Chubut, Rafael Nahuel en Río Negro, Ronald Orellana en Gran Buenos Aires, “Bocha” Rego en CABA, son tan solo algunos de los casos que tomaron notoriedad pública y se convirtieron en bandera de la lucha antirrepresiva.
Ese proceso interno estuvo alineado a un contexto internacional marcado por la avanzada de distintas versiones de la derecha más reaccionaria. En Europa, algunas de sus expresiones llegaron a los principales cargos de poder en países como Polonia, Hungría y República Checa, mientras obtuvieron representación parlamentaria significativa en otros, como Vox en España, el partido neonazi en Alemania, o Marine LePen en Francia. En EEUU, la presidencia de Donald Trump incrementó el racismo y la xenofobia, con un punto de ebullición tras el asesinato policial de George Floyd y la irrupción del movimiento Black Lives Matters. En Nuestramérica, el retroceso fue brutal. La victoria electoral de Jair Bolsonaro significó, en Brasil, una marcha atrás en la discusión sobre los gobiernos de facto impulsados por el Plan Cóndor. Uno de sus principales ejes de campaña fue el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad del cuerpo de militares que lo tuvo entre sus filas, y, llegado al poder, militarizó el gabinete y su política represiva tuvo un marcado crecimiento. En Ecuador, la movilización popular, principalmente campesina, salió a las calles para frenar el ajuste a pedir del FMI llevado adelante por el presidente Lenin Moreno. La lucha del pueblo ecuatoriano precedió la movilización histórica de la juventud y las mujeres en Chile, que resultó en una represión brutal por parte del presidente Sebastián Piñera, con cientxs de personas asesinadas y desaparecidas, lucha que decantó en una crisis a cielo abierto en el sistema político del vecino país, hasta hoy. Bolivia sufrió un golpe de estado que depuso a Evo Morales, encabezado por parte de la oposición junto a los militares, amparados por la OEA, EEUU, y, como supimos más adelante, con ayuda de los gobiernos de Bolsonaro y Macri. El pueblo trabajador boliviano puso el cuerpo en las calles para frenar la dictadura, lo que costó la vida a cientos de personas asesinadas por la policía y el cuerpo militar local, entre ellos el trabajador de prensa mendocino Sebastián Moro.
En octubre de 2019, la fórmula del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner desbancó a Mauricio Macri del poder. El pueblo trabajador celebró masivamente el fin de la pesadilla macrista y escuchó con expectativa al nuevo presidente en su inauguración, cuando anunció el Plan Integral Argentina contra el Hambre y prometió apoyar la economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar; enfrentar la inflación y la desocupación; supeditar el pago de la deuda con el FMI al crecimiento interno; reactivar la obra pública para paliar la crisis de vivienda; defender los derechos de las mujeres y las diversidades, y ratificó el compromiso con la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Como lo señalamos, entonces, fue inédito escuchar en boca de un presidente argentino la frase “Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda”.
Al inicio de la gestión, el gobierno nacional impulsó algunas medidas apuntadas a atender la urgencia social, pero pronto quedaron en evidencia sus limitaciones para avanzar en cambios estructurales y dar respuesta a aquella expectativa de los sectores populares que lo apoyaron. El anuncio y posterior retroceso de la expropiación de la cerealera Vicentín fue una de las primeras señales en ese sentido.
En materia represiva, se dio un panorama semejante, de algunos avances seguidos de limitaciones y retrocesos.
En diciembre de 2019, presentamos a la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederic, la Agenda Urgente Antirrepresiva. A menos de 15 días de asumir, se cumplieron los primeros cinco puntos, con la derogación de los “protocolos Bullrich”, esas normas de actuación para las fuerzas de seguridad federales que había impuesto Patricia Bullrich. Celebramos la derogación de la Resolución 956/2018 que habilitaba el uso del arma reglamentaria de las FFSS federales en cualquier circunstancia; de la Resolución 845/2019 que masificaba la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes (Programa “Ofensores de Trenes”); de la Resolución 598/2019 que creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de GNA, para adoctrinar y militarizar a la juventud; de la Resolución 395/2019 que aprobó el uso de las picanas Taser y de la Resolución 932/2019 que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en la Unidad Turística Chapadmalal, sin dejar de señalar que para que algo cambiara realmente debía atenderse la totalidad de la agenda.
La prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria a los miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria fuera del horario y lugar de servicio y la derogación del protocolo para la detención de personas LGBTTIQ+, al inicio de 2020, sostuvieron la expectativa, aunque también señalamos entonces que ese incipiente camino se contradecía fuertemente con la designación del teniente coronel retirado Sergio Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el anuncio del Comando Unificado de fuerzas federales y provinciales o la resolución que puso en manos de las fuerzas federales la implementación del ciberpatrullaje. En eso estábamos, cuando estalló la pandemia de COVID-19, y se produjo un giro copernicano en la gestión de las políticas represivas del gobierno.
Si la situación ya era complicada, la falta de decisión política del gobierno nacional ante un contexto internacional inédito empeoró la situación. En términos sanitarios es donde, inicialmente, menos errores encontramos. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ante la aparición de los primeros casos permitió que el sistema sanitario, imposibilitado de dar respuesta inmediata después de años de desidia, no se saturara. Sin embargo, esa medida no estuvo acompañada de otras que mejoraran las condiciones laborales de lxs trabajadorxs de la salud (muchxs de ellxs siquiera reconocidxs como tales, por ejemplo, en CABA). En un contexto de gravedad sanitaria inusitada, quienes expusieron su vida por el cuidado colectivo apenas recibieron algunos bonos compensatorios y paritarias que, con suerte, empataron la inflación y fueron pagadas en cuotas. Lo mismo sucedió con lxs docentes, que debieron improvisar todo tipo de estrategias pedagógicas para sostener el contacto con lxs alumnxs a distancia, mientras escuchaban a la derecha rancia y una gran parte de los medios hegemónicos quejarse de que “las escuelas estaban cerradas”.
Las medidas económicas implementadas para paliar los efectos del aislamiento implementado, en perspectiva, terminaron beneficiando más al empresariado que a lxs trabajadorxs. La única política concreta directa para millones de trabajadorxs informales fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Un recurso insuficiente, que asignaba apenas $10.000 (con una canasta básica, en ese momento, ubicada por encima de los $50.000) y se implementó solamente tres veces. Distinta suerte tuvo el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que continúa vigente, y, bajo la excusa de preservar los puestos de trabajo, sólo beneficia a las empresas, que pagan una parte de los salarios y así conservan sus ganancias. Se sumaron líneas de créditos a tasas favorables, destinadas también a contener los balances de las empresas, y que increíblemente también se destinaron a monotributistas y trabajadorxs autónomxs, como si tuvieran la misma posibilidad de pagar una cuota mensual que una empresa. También se impulsó la prohibición para despedir y el pago de doble indemnización, medidas que por supuesto tuvieron poco acatamiento por el nulo control para su efectivización.
Párrafo aparte merece uno de los grandes temas de la pandemia, no sólo acá, sino en todo el mundo: el impuesto a las grandes fortunas. La demanda se instaló apenas iniciada la pandemia, y, luego de meses de siesta parlamentaria, se discutió y aprobó a finales de 2020. Entró en vigencia en enero de este año. Un impuesto de esta naturaleza representa un avance en términos de políticas progresivas, pero la alícuota mayor (3,5% sobre patrimonios superiores a $200.000.000) es tan marginal que es inevitable advertir la falta de voluntad política para avanzar sobre los que más tienen, aun cuando más del 50% del país se encuentre por debajo de la línea de pobreza, y más del 20%, por debajo de la línea de indigencia. Es tal la exposición en la práctica de la cercanía entre el gobierno nacional y el empresariado, a pesar de los permanentes intentos fallidos por sostener la imagen de “gobierno popular”, que fue la propia Cristina Fernández quien “sinceramente” reconoció el ajuste llevado adelante y expresó la necesidad de encauzar la gestión en otra dirección -que no necesariamente es la agenda de las necesidades del pueblo, tal como enmarca su discurso público sobre la necesidad de acordar con los sectores de la oposición que edificaron parte de la crisis actual-.
La política fiscal del ministro de Economía Martín Guzmán, que en estadísticas demuestra una subejecución de la emisión monetaria posible para paliar la gravísima situación de millones de familias, no es otra cosa que un gesto hacia el Fondo Monetario Internacional de cara a un acuerdo próximo, que repudiamos enfáticamente.
Desde el inicio de la pandemia se ampliaron las facultades y recursos de las fuerzas represivas con la excusa de “hacer cumplir las medidas sanitarias”, en lugar de garantizarlo con suficientes medidas sociales y asistenciales universales. Se avanzó en la creación de Comandos Unificados, se ampliaron los recursos económicos a las distintas fuerzas (incluso aumentos, como a la policía bonaerense, a partir de levantamientos que sembraron un clima espeso en plena pandemia), y se saturaron los barrios con efectivos. Se abandonó aquel rumbo inicial marcado por la derogación de los protocolos Bullrich, y el resultado de esa decisión política fue un exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención, y el sostenimiento de las cifras de fusilamientos por gatillo fácil.
Durante 2020 vimos policías “bailando” pibxs en la calle, entrando a las patadas a las casas de miembros de comunidades originarias -como en Chaco-, violentos desalojos como Guernica, y nuevamente tuvimos que denunciar desapariciones seguidas de muerte, como Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. Con los datos de que hoy disponemos, registramos 537 muertes a manos del aparato represivo estatal en 2020, con la necesaria aclaración de que 384 (71,5%) son personas que murieron en lugares de detención.
A lo largo de 2021, hubo menos denuncias vinculadas al cumplimiento de las medidas de aislamiento, en buena medida por el pase del ASPO al DISPO, pero casi no hubo cambios en las cifras del gatillo fácil, y menos en la cantidad de personas muertas en lugares de detención (a pesar que aún no contamos con los informes de organismos oficiales, que se publicarán en 2022). La criminalización de la protesta estuvo a la orden del día, como lo sufrieron lxs Asambleísta contra la mina en Andalgalá, con efectivos del grupo antimotines pateando puertas para forzar el ingreso a viviendas de vecinxs, detenciones masivas y graves imputaciones, o lxs trabajadorxs desocupadxs y de la salud en el Puente Pueyrredón.
En la actualidad, el Ministerio de Seguridad cuenta, según el presupuesto 2021, con fondos superiores al Ministerio de Transporte, al de Desarrollo Territorial y Hábitat, Ambiente y Desarrollo Sostenible (aún a pesar de los incendios que azotaron a varias provincias), o Mujeres, Género y Diversidad. A la vez, cuenta con una ejecución presupuestaria actual del 10%, superior al del Ministerio de Salud, aún en pandemia.
En ese contexto llegamos las elecciones 2021. El resultado de las PASO representó un sorpresivo golpe de realidad para los distintos sectores, y motivó todo tipo de lecturas. Es evidente que el pueblo, en toda su heterogeneidad, continúa apoyando mayoritariamente a las dos fuerzas que disputan el poder desde 2015. Es necesario caracterizar al principal frente opositor para prever cómo pueden desarrollarse, al menos, los próximos dos años.
Se ha intentado presentar una supuesta división de Juntos, entre “blandos” y “duros”, o “halcones” y “palomas”. Queda claro que, tras un primer acercamiento al gobierno nacional ante la incertidumbre de la pandemia, no se trata de otra cosa que una apariencia. No hay tal diferencia entre Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta en términos de desarrollo político, aunque existan tensiones a la hora de definir qué posición prima a la interna de la coalición. Durante tamaña crisis mundial, que puso en vilo la salud y la vida de millones de personas, los hemos visto en marchas que pusieron en peligro a miles de personas, aún en los momentos más duros de la pandemia, y con una absoluta falta de empatía por el personal médico que luchó en primera línea contra el avance del virus. Más allá de los primeros meses de diálogo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad -que terminó de romperse luego de presiones internas del PRO y la quita de coparticipación a CABA- todos los funcionarios de Juntos con responsabilidad de gobierno (Rodríguez Larreta, Suárez, Schiaretti, Morales) fueron sistemáticamente contra las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional, y luego tuvieron que recular ante las disparadas de casos que pusieron en jaque sus sistemas de salud. Escuchamos hasta el hartazgo todo tipo de teorías conspirativas sobre el origen del virus, el uso del tapaboca, el distanciamiento social, la cifra de fallecimientos, los hisopados, siempre tomando de rehén la situación económica, que no escondían otra cosa que la voz de los empresarios que reclamaban aperturas para no dejar de facturar a costa de nuestra salud. Se embanderaron en defensa de la educación pública, al mismo tiempo que recortaban el presupuesto. Intentaron instalar la guerra fría de las vacunas. Continuaron con la construcción del enemigo interno, primero en las personas presas en plena pandemia, y luego con los pueblos originarios. Y durante la campaña electoral, cuando se perfilaban debates en torno a mejores condiciones laborales, se llevaron puesta la agenda y terminaron imponiendo la discusión sobre la eliminación de las indemnizaciones por despido. A pesar de todo, e incluso de esta última “advertencia”, mantuvieron el caudal de votos que obtuvieron en 2019.
Esto puede explicarse en el enorme destino de recursos del principal monopolio mediático del país para blindar a las distintas expresiones de derecha, y también en la estrategia de Juntos de ampliar el espacio al incorporar figuras como Ricardo López Murphy o Facundo Manes. Existe también un fenómeno internacional, ya que casi todos los oficialismos nacionales han visto reflejado el desgaste de la gestión de la pandemia en magros resultados electorales. Pero sin dudas hay, también, un enorme descontento de muchísima gente, que tenía expectativas en 2019 pero ha visto cómo empeoró su situación ante la falta voluntad política del gobierno para evitarlo o morigerarlo.
Pero este descontento no fue canalizado exclusivamente por Juntos. Hay un fenómeno particular, el de los movimientos autodenominados “libertarios”, que aprovecharon parte de esa bronca anti-sistema en algunos distritos, alimentados por los sectores económicos que los sostienen en los horarios principales de los canales de televisión y las redes sociales. Esos discursos cargados de odio de clase, discriminación y estigmatización, que incitan a “hacer queso gruyere con los delincuentes” o promueven que los “honestos” se armen contra los “deshonestos”, no pueden ser menospreciados, mucho menos cuando lograron resultados electorales en algunos casos importantes, con representación parlamentaria. No solamente influyen a partir de la conquista de adeptos, sino que traccionan hacia la derecha a otras fuerzas. La respuesta del Frente de Todxs a la provocación reaccionaria de José Luis Espert vino por boca del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que en lugar de repudiarla enfatizó que él “va más lejos todavía”, y agregó, como prueba de su “eficacia”, un verdadero parte de guerra: “En dos años de gestión tengo 150 delincuentes abatidos”. En ese mismo lapso, registramos 149 fusilamientos de gatillo fácil en territorio bonaerense, de los cuales 71 fueron a manos de la policía bonaerense, y el resto de PFA, GNA, PNA y Policía de Ciudad.
Tras las elecciones legislativas, la llegada de Aníbal Fernández al mando del área de seguridad nacional representa otro retroceso. Sus primeras medidas están más en línea con su par bonaerense, Sergio Berni, que con los intentos progresivos de su antecesora Sabina Frederic. A pesar de un discurso público con expresiones como que la conflictividad social “no se soluciona a los palos” (como si quien lo dijo no fuera uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda y del asesinato de Mariano Ferreyra), Aníbal Fernández, con el respaldo del propio presidente, no ha dudado en enviar efectivos federales a Rosario bajo la excusa de combatir el narcotráfico, a Río Negro para apoyar a una gobernadora que califica de terrorista al pueblo Mapuche que pelea por recuperar las tierras que habita desde antes que exista el estado argentino –y que acaba de sufrir el asesinato de Elías Garay, facilitado por la policía y ejecutado por sicarios vinculados a la empresa forestal que pretende esas tierras-, o de saturar de gendarmes y prefectos las estaciones de los trenes del conurbano.
Estas medidas buscan avanzar con mayor presencia represiva, ante una situación social que se presenta cada vez más crítica y que acude cada vez con más frecuencia a los métodos históricos de lucha en las calles.
Una agenda antirrepresiva urgente
Ante este panorama, nuestra agenda antirrepresiva urgente resulta más necesaria que nunca. Son medidas que remiten a temas sensibles históricamente como portación del arma reglamentaria de civil, facultades para detener personas arbitrariamente, uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva -salvo cuando son represores-, defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales, dificultad del acceso a las causas de las familias de las víctimas, mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras.
En su mayoría, son reclamos que se remontan casi al origen de nuestra organización e incluso tienen el aval del sistema regional de DDHH, como la exigencia de la derogación del sistema de detenciones arbitrarias, ordenado al Estado Argentino por la Corte IDH en la sentencia del Caso Bulacio en septiembre de 2003, que sigue incumplida.
Si se universalizara a todas las fuerzas de seguridad la prohibición de portar el arma reglamentaria cuando están fuera de servicio o no identificados claramente como funcionarios públicos, como ya rige para la PSA, se reduciría en más de la mitad el gatillo fácil, ya que esa proporción de los fusilamientos en la vía pública son protagonizados por funcionarios de civil, pero con su arma reglamentaria. Si se derogaran las normas que habilitan a las fuerzas a detener personas arbitrariamente y se eliminaran las prácticas no normadas como las razzias, tal como lo ordena el fallo Bulacio, caerían a la mitad las muertes en comisarías. Más del 50% de las personas que mueren bajo custodia policial eran “demoradas” por averiguación de antecedentes, “contraventores” por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa judicial.
Ésas son solamente dos de la veintena de medidas propuestas. Si hubieran sido tomadas oportunamente, no se hubieran producido, en menos de una semana, tres hechos que nos conmovieron en noviembre de este año. Lautaro Rosé no hubiera muerto si la policía correntina no hubiera podido hacer la razzia que precedió su desaparición. El auto en el que iba Lucas González no hubiera podido ser interceptado con “fines de identificación” por los policías de la Ciudad, que además no hubieran tenido armas para disparar, al estar de civil. Y Alejandro Martínez, “demorado” por una contravención, no hubiera estado preso en la comisaría, le hubieran notificado la contravención en la calle y se hubiera ido a su casa.
Por eso, a punto de cerrar este año 2021 de tan graves consecuencias, exigimos el cumplimiento de esta agenda antirrepresiva urgente:
• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!
• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.
• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).
• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.
• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.
• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.
• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.
• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).
Provincia de Buenos Aires: La tierra del sheriff Sergio Berni
El año pasado, la olla a presión que dejó la gestión de María Eugenia Vidal, sumada la pandemia, explotó en términos sociales y económicos, ante la inacción del actual gobernador Axel Kicillof, que se recostó más en las paupérrimas medidas llevadas adelante por el gobierno nacional que en acciones concretas, propias y locales.
Kicillof estuvo más enfocado, siguiendo la línea nacional, en resolver la deuda externa que Vidal dejó en la provincia, que en remediar los problemas estructurales que afectan a millones de bonaerenses. Donde más “agilidad” demostró fue en la resolución del acuartelamiento de la policía bonaerense, que, plantada en actitud belicosa, llegó a rodear la Quinta de Olivos. El reclamo que en torno a un aumento de remuneraciones y equipamiento, que incluyó el pedido de no juzgar más a efectivos “en cumplimiento del deber” (o sea, cuando desaparece a alguien, como Facundo Astudillo Castro o cuando matan a golpes a alguien en una comisaría, como ocurrió con Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú) encontró pronta respuesta en las oficinas de Plaza San Martín.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, hizo propia, con creces, la línea del gobierno nacional durante los primeros meses de cuarentena, otorgando a las fuerzas represivas el control de las calles. Las consecuencias directas de esa política se ven en la larga lista de personas muertas a manos del estado provincial bonaerense durante su gestión. Las ocurridas en lugares de detención ocupan el primer puesto, con un crecimiento impactante en 2020 y 2021, y las ejecuciones de gatillo fácil en un no menos grave segundo lugar.
Berni fue absolutamente coherente en su planteo de mano dura y punitivismo extremo. En consonancia con la ex ministra Patricia Bullrich, hizo campaña con la falsa denuncia de la “liberación masiva de presos” al inicio de la pandemia, mientras ignoraba los reclamos por medidas de cuidado y distanciamiento, imposibles de cumplir en cárceles inmensamente sobrepobladas y sin recursos. No sólo mantuvo las cárceles en condiciones inhumanas, lejos de cualquier cuidado sanitario, sino que mandó reprimir las protestas de las personas en situación de encierro, incluso a los tiros, como sucedió en Florencio Varela con el fusilamiento de Federico Rey.
La segunda modalidad preponderante de asesinatos cometidos por el aparato represivo estatal en este período es el gatillo fácil, convertido en spot de campaña en la parodia del diálogo con la “mamá” que le ordena a Berni “hacé lo que sabés hacer: pateá esa puerta, sacales la droga y metelos preso y venía a cenar que se enfría la comida”, o del que se jactó cuando dijo lo de tener 150 “delicuentes abatidos” en su gestión sin que “la ley castigara a ninguno de esos policías”.
Para 2021, la situación económica y social se agudizó. Como profecía autocumplida, la “recuperación económica” se concentró en unos pocos, tal como dijo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la carta post PASO que desató la interna de la coalición gobernante. En la provincia de Buenos Aires, los datos de la crisis son contundentes: el desempleo, en el conurbano, se ubica en torno al 14%, al mismo tiempo que se concentra la riqueza de las exportaciones agropecuarias en las localidades productoras; la pobreza llega a un alarmante 44,3% de lxs bonaerensxs y la indigencia golpea a alrededor del 13,5%. Del total de empleo informal registrado en el país, más de un tercio se ubica en la provincia de Buenos Aires. Uno de los déficits más extremos es el de la situación habitacional, que tiene a más de dos millones de hogares en un contexto de grave precariedad o hacinamiento. La necesidad contar con un techo motorizó tomas de terrenos, con Guernica como emblema y también como hito represivo.
Como se evidenció en la respuesta al acuartelamiento el año pasado, nunca hay demoras ni problemas para tomar decisiones políticas que destinan recursos a la represión. Para evitar un nuevo enfrentamiento con sus fuerzas represivas, en octubre Kicillof facultó a Berni a reclutar oficiales retirados de la policía bonaerense para “patrullaje interno”, amparándose en las leyes y decreto que enmarcan la provincia de Buenos Aires en la “emergencia en seguridad”.
Es necesario plantearse cómo es posible que Kicillof y Berni destinen recursos a la saturación represiva, con el pago de la mitad del haber básico a estos retirados, más el monto jubilatorio con el que ya cuentan, sumado a los fondos destinados al equipamiento. Esta última medida se acopla a la resolución consensuada con el ministro nacional Aníbal Fernández, con quien Berni se entiende mejor que con Sabina Frederic, que dio origen al “Operativo Estaciones de Trenes Seguras” que dispuso 6.000 miembros de Gendarmería y Prefectura en las estaciones de las líneas Belgrano y Roca.
La gestión provincial, con el ministro Berni a la cabeza, se alinea a la política nacional de saturación represiva de cara al momento crítico que viven millones de personas en la provincia y prevé la expectativa de un recrudecimiento de la situación social. El camino que propone el gobierno provincial a las necesidades del pueblo bonaerense, es la represión.
CABA: 14 de años de gestión PRO y trampolín de Rodríguez Larreta
El 24 de junio se cumplieron catorce años del triunfo electoral de la fórmula Mauricio Macri – Gabriela Michetti, que puso al PRO al frente de la gestión gubernamental en CABA. Fue el primero de los cuatro gobiernos consecutivos que lleva el principal partido de la derecha nacional. Si bien se han puesto de manifiesto fuertes internas para definir la conducción hacia adentro del partido y de la coalición Juntos, en términos políticos estas diferencias son más discursivas que determinantes de políticas distintas. Lo cierto es que, a la hora de gobernar, los mandatos de Macri y de Rodríguez Larreta sostienen una continuidad en el deterioro de las condiciones de vida de millones, de la infraestructura en general, y una profundización en materia represiva.
Progresivamente, la gestión PRO ajustó los presupuestos de educación y salud en estos años. Estas reducciones dejaron en evidencia la gravedad de la situación durante la pandemia, cuando Rodríguez Larreta intentó presentar ambos ámbitos como “prioridad” de su gobierno, al mismo tiempo que sostuvo salarios de miseria de docentes y médicxs, escuelas que se caen a pedazos, y enfermerxs que no son reconocidxs como tales y, por lo tanto, sufren una precarización aún más profunda. La respuesta a este escenario fue persecución y sanciones para lxs docentes que llevaron adelante medidas de fuerza en reclamo de su situación, y represión por parte de la Policía de la Ciudad contra lxs enfermerxs que movilizaron a la Legislatura porteña.
Es inadmisible la situación que atraviesa la ciudad “más rica” (en términos económicos) del país: una de las principales problemáticas de los últimos años se dio en torno a la administración del espacio público, donde este gobierno llevó a Buenos Aires a tener apenas un tercio de los espacios verdes que recomienda la OMS. Al mismo tiempo, con el 50% de los habitantes alquilando sin posibilidad de acceso a la vivienda propia y un 6% en condiciones habitacionales deficitarias, entre 2011 y 2019 el 40% de las construcciones fueron destinadas a viviendas suntuarias, como Costa Salguero o la ex Ciudad Deportiva de Boca. Así, mientras la pobreza se ubica en torno al 27%, la indigencia al 10% y el desempleo se acerca al 10%, las prioridades del gobierno son otras. Este año el presupuesto reflejó un incremento del 30% en Publicidad y Propaganda, que alcanza los $2.407 millones de pesos.
Con ese presupuesto en mano, la aparente grieta a un lado y otro de la General Paz, se cierra a la hora de destinar recursos para la represión. En el proyecto del Presupuesto 2022, Rodríguez Larreta planea destinar un 16% del presupuesto al área de “seguridad” ($153.660 millones), más la construcción y remodelación de comisarías por $3.161 millones y equipamiento de la Policía de la Ciudad, por $5.164 millones. La suma de estos dos ítems es tres veces lo destinado a la infraestructura escolar. Queda claro que el discurso de la educación como prioridad es pura pantomima amarilla, y que la principal política de la gestión PRO en la ciudad, de cara a la juventud, son las balas. Basta tener presente el reciente asesinato de Lucas González, baleado en la cabeza por efectivos de la Policía de la Ciudad que se movilizaban en un auto particular sin identificación, que vieron en los chicos potenciales “sospechosos”.
La Policía de la Ciudad, con 25 mil efectivos (tres veces la cantidad “recomendada” por la ONU cada 100.000 habitantes), ya es más letal, proporcionalmente a la cantidad de efectivos, que su par bonaerense. De las 121 muertes cometidas por la policía del PRO en sus casi cinco años de existencia, más de la mitad (79) se cometieron fuera de CABA, lo que refuerza nuestro reclamo por prohibir el uso del arma fuera del horario del servicio o de civil.
A eso hay que sumar hechos cotidianos que no podemos naturalizar, como el permanente hostigamiento a quienes se ven obligadxs a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública (vendedorxs ambulantes, artistas callejerxs y cuidacoches) y la creciente militarización del espacio público.
Con este ajuste a punta de pistola, Rodríguez Larreta lanzó este año sus aspiraciones presidenciales de cara a 2023. Sintiéndose victorioso luego de los resultados en las PASO, fue partícipe directo de la campaña de las elecciones generales, en la que blanqueó sus planes para el gobierno nacional, cuando expresó la necesidad del empresariado de avanzar en una reforma laboral que, entre otras cosas, debería incluir la eliminación de las indemnizaciones. De esta manera, busca combinar la composición heterogénea actual de la clase trabajadora, apoyándose en el discurso meritocrático neoliberal, con un planteo que avanza sobre los derechos del sector formal del ámbito laboral y aleja aún más de cualquier conquista a quienes integran el enorme abanico del empleo informal.
Con la enorme protección mediática que lo rodea, Rodríguez Larreta expone sus intenciones de profundizar los retrocesos en términos de derechos sociales y ajuste, acompañado de represión, que encabezó Mauricio Macri hasta 2019. Será en las calles, en permanente estado de alerta, con unidad, organización y lucha, donde deberemos sostener la importantísima tarea de evitarlo.
Mendoza: Represión al pie de la cordillera
El frente Cambia Mendoza inicia su tercer año de gestión. El control policial de los espacios públicos es parte de la política de disciplinamiento social que viene desarrollando con una prolijidad impecable, contrastando notoriamente con el resto de sus esferas de gestión. Como si fuera una secuela punitivista de la cuarentena, es prácticamente imposible realizar reuniones que de jóvenes en plazas sin que sean monitoreadas, cuando no directamente hostigadas, por las fuerzas de seguridad. La represión en el parque Canota del departamento de Maipú a lxs pibxs que estaban desarrollando una competencia de rap y freestyle en febrero y el permanente acoso policial con armas de alto calibre a muralistas, artesanos y artistas callejeros es una prueba de ello.
Preventores municipales merodean los lugares céntricos, guardando una apariencia de mesura para lxs turistas, mientras la policía sostiene el control de las plazas de barrio con permanente ostentación de fuerza con sus vehículos, su armamento y el equipamiento adquirido pomposamente durante la gestión Cornejo. Sistemas de cámaras refuerzan una vigilancia tan arbitraria como las detenciones realizadas a diario por las fuerzas de seguridad. La juventud mendocina no es peligrosa, está en peligro porque es el blanco de la discrecionalidad del aparato represivo, no sólo sobre sus cuerpos sino también de sus posibilidades de expresión.
A pesar de que en setiembre celebramos la sentencia, sin precedentes en la provincia, contra el policía José Alexis Méndez Castro, condenado por un jurado popular a prisión perpetua por el asesinato de Ricardo Bazán, el gatillo fácil también fue una constante en la provincia durante 2021. Facundo “Kako” Martínez fue asesinado por agentes de la policía federal por pasarse un control mientras trabajaba como fletero. Gustavo Daniel Giménez fue fusilado por el policía Nicolás Moreno mientras vendía pulseras en la plaza del Departamento de San Martín y Matías Domínguez cayó baleado en una razzia policial en el barrio Santa Teresita del departamento de Las Heras.
A esta modalidad se suman las muertes en cárceles y comisarías, que este año han sido justificadas con explicaciones como la muerte de Facundo Cejas en la subcomisaría Iriarte de Las Heras, “ahorcado con el cordón de un barbijo”. Resultan no menos reveladores los casos de persecuciones que convierten el patrullero en arma, como sucedió con Gabriel Jofré en San Rafael.
El gobernador Rodolfo Suárez, tras dirigir una de las gestiones en pandemia más irresponsables del país, inició 2021 con la presencialidad del sistema educativo de forma compulsiva, sin asistencia y con edificios desmantelados. Las lastimosas condiciones de las aulas mendocinas se hicieron sentir en invierno, con imágenes de estudiantes con frazadas y camperas en sus pupitres, tratando de estudiar sin calefacción ni mobiliario. Hacia septiembre, en el nivel secundario, empezaron a sucederse los suicidios de estudiantes. Después de dos episodios en colegios universitarios, estallaron las protestas estudiantiles exigiendo atención a la problemática con las consignas “hablemos de salud mental en los colegios”, reclamos que al momento no han sido atendidos.
Bajo la consigna “Nos sentimos descartables”, trabajadorxs de la salud salieron a manifestarse contra el autoritario y ridículo aumento por decreto del gobernador, anunciado después de un año sin paritarias. En los principales hospitales del centro de Mendoza se realizaron paros y la Asamblea de Residentes y Médicos visibilizó las escandalosas situaciones de precarización laboral con que el gobierno pretende atender el sistema de salud de la provincia.
El patrimonio cultural y natural mendocino continúa sufriendo el castigo neoliberal, que con brazo de hierro se viene imponiendo en el territorio. Después de un año de estancamiento y paralización de las actividades culturales, la Secretaría de Turismo y Cultura y la Dirección de Patrimonio procedieron desenfadadamente a convertir los principales edificios patrimoniales y museos de la ciudad en bares privados para el beneficio de firmas gastronómicas. Esta política de privatización contrasta con la nula iniciativa de propuestas culturales que atiendan las necesidades de lxs trabajadorxs de la cultura, castigadxs por las medidas de cuarentena. La Asamblea de Artistas Visuales de Mendoza denunció estos manejos y continúa luchando contra los gestores del patrimonio cultural. A esta situación se suma la permanente persecución policial a artistas callejeros que, en la ciudad y el gran Mendoza, ha pasado a ser una postal tan cotidiana como las acequias.
El ajuste también se hizo sentir en lxs trabajadorxs de las reservas naturales, que denunciaron salarios de miseria y el vaciamiento de espacios protegidos. El abandono estatal en Ñacuñan, Puente del Inca, Caverna de las Brujas y las seccionales de Punta de Vacas en el Parque Provincial Aconcagua generaron la preocupación de guardaparques y pobladorxs, que realizaron la “Caminata por la Conservación”, recorriendo más de 200 kilómetros para llevar los reclamos a la casa de gobierno.
La insostenibilidad de la deuda con el FMI, agravada con pandemia, conllevó un fuerte desplome de la actividad económica, recesión, caída de los salarios, crecimiento del desempleo y de la pobreza, que hoy supera el 43% y alcanza a más de 450 mil personas. Paralelamente, frente al déficit habitacional, que según las estimaciones del IPV alcanza a 70 mil viviendas, los municipios arremeten con desalojos y facilitan emprendimientos de especulación inmobiliaria.
El cariz oligárquico, conservador, antipopular y autoritario de esta gestión apenas puede ser disimulado por los funcionarios, cuyas declaraciones destilan un proyecto de sociedad precarizada y servil a los intereses de los grandes capitales y las corporaciones. El plan de contratar estudiantes de arte como mozos en las cafeterías de los Museos, propuesto por el Director de Patrimonio, o el “terror” del gobernador a que representantes de pueblos originarios reclamen sus derechos ancestrales en la calle comercial más snob de la ciudad, son testimonios más que elocuentes de esos designios.
Con el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas, Cambia Mendoza se afianzó como fuerza política, y con ello avanzan los proyectos extractivistas de la megaminería y fracking. Luego del intento de modificación de la ley 7.722 en diciembre de 2019, tras un recurso extraordinario presentado por la minera San Jorge, en octubre de 2021 la CSJN determinó la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 1 de esa ley, habilitando el uso de sustancias tóxicas. La minería no es un tema cerrado en Mendoza, como suele discursear el gobernador. Igual que con el fracking, el gobierno provincial, junto al gobierno nacional, firmó un acuerdo con YPF para avanzar en Vaca Muerta con la extracción de hidrocarburos. Urge que se dé tratamiento a los proyectos presentados en la legislatura provincial de creación del “Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda” para preservar la cuenca y el que prohíbe el fracking.
A las tradicionales actividades extractivistas en el territorio, se suman los megaproyectos de monocultivo de papas para congelar de la firma Simplot, donde el primo de Mauricio Macri y aliado de Mc Donald, Fabio Calcaterra, irrumpió con inversiones multimillonarias en San Carlos para desarrollar 1.800 hectáreas de este tipo de plantación.
La constante lucha en defensa del agua y los bienes comunes, adquiere en Mendoza dimensiones dramáticas. La escasez hídrica que experimenta la provincia se agrava por la total desidia y falta de inversión gubernamental. El gran Mendoza protagonizó cortes de suministro intermitentes y las barriadas populares de la ciudad, como Las Heras, Lavalle y Godoy Cruz, enfrentan el calor del desierto cuyano sin este vital recurso. El agua está reservada a la producción minera, petrolera y vitivinícola, pero no hay inversión en las redes de distribución para pueblos y ciudades.
No obstante las conquistas del colectivo LGTTBIQ+, las desigualdades estructurales, como la emergencia de vivienda, laboral y de salud, dan cuenta de que la deuda histórica está pendiente. El estado es un aliado para la reproducción de las violencias hacia las mujeres. Según datos oficiales del Registro Único de Casos, se registraron más de 1.100 denuncias por violencia doméstica en lo que va del año. A las desapariciones de Gisela Gutiérrez (2015) y Viviana Luna (2016) se sumó Abigail Carniel, vista por última vez el 16 de abril en Las Heras. Y como expresión máxima de la violencia hacia las mujeres, se registraron seis femicidios en lo que va del año.
Finalmente, se debate en estos días un proyecto de ley presentado por diputados del PRO para habilitar el uso de las picanas portátiles Taser, como si la policía provincial necesitara sumar a su armamento estas herramientas de tortura.
Queda en evidencia cómo se prioriza gobernar a favor de las medidas de control que restringen libertades y flexibilizan derechos sociales para favorecer al gran capital. Un reacomodo de toda la “sala de máquinas del poder” que desde el gobierno provincial, con aval del nacional, se lleva a cabo para sostener y perpetuar un modelo patriarcal, de ajuste, saqueo, contaminación y represión.
Mar del Plata: entre el mar, la miseria y la represión
Según datos del INDEC, en septiembre de 2021, el desempleo en la mal llamada “La Feliz” es del 11,9% (33.000 personas sin ingresos), quinto lugar de la desocupación a nivel nacional. Las patronales aprovechan para profundizar la precarización y flexibilización laboral. Los rubros de gastronómicos y el comercio son los principales afectados en la larga lista de empleos informales. La pobreza escala al 35% de la población (226.776 personas), de las cuales el 54,3% son niñxs menores de 14 años, mientras la indigencia llega al 13,2%, con 85.899 personas en situación de calle.
En las elecciones generales en las que Alberto Fernández se consagró como presidente, en Mar del Plata triunfó el candidato a intendente de Juntos por el Cambio, el ex juez federal y ex Secretario de Seguridad de CABA Guillermo Montenegro. Bajo su gestión, y durante la pandemia, se agravó sustancialmente la crisis, en particular sobre los sectores más vulnerables.
El sistema de salud pública está desfinanciado y abandonado, lo que deja sin acceso a muchas personas de la clase trabajadora, sobre todo mujeres, que no consiguen turno para controles de rutina. Ni hablar de la salud mental, en particular en una pandemia que nos interpeló a todxs emocional y psicológicamente. En el Hospital Interzonal, no hay siquiera una guardia psiquiátrica de 20 a 8. Si alguien pobre tiene una situación de emergencia de salud mental de noche, deberá esperar con las esposas puestas y bajo custodia olicial hasta que se retome el servicio. O directamente se le aloja en la comisaría, como a Alejandro Martínez, asesinado en la tortura en la comisaría 3ª de San Clemente del Tuyú porque el “criterio policial” fue aplicarle golpes y asfixia ante su “euforia”. En junio de este año, debimos denunciar el intento de suspensión de la vigente ley de IVE por el juez López, conocido por su posición antiderechos.
Como en todo el país, fue gravísima la situación en la unidad de Batán. Las personas privadas de libertad denunciaron la falta de elementos de higiene personal, limpieza, alimentos y atención médica apenas comenzó la pandemia. Nos cansamos de advertir, mientras acompañábamos los reclamos, que el hacinamiento y la escasez de recursos generarían un foco de contagios y muertes evitables, y así sucedió, con 16 muertes entre 2020 y 2021.
En las calles, las personas más expuestas a la represión son artistas callejeros y manterxs, como lo vimos el 7 de noviembre de 2021, cuando la policía bonaerense, junto a personal municipal, atacó, golpeó y detuvo a un joven para “ordenar el espacio público”, lo que claramente no les preocupa cuando se trata del avance de las carpas privadas sobre la playa pública.
A partir de la reapertura de actividades, la juventud volvió a ser blanco de la cotidianeidad represiva. Hace unas semanas, SUTEBA repudió una razzia en el transporte público sobre pibes que salían de la escuela, que fueron obligados a descender del colectivo para ser palpados. Mientras tanto, un joven cartonero apaleado por dos policías en el barrio Progreso sigue internado, con muerte cerebral, en el hospital.
En los barrios más militarizados, como Centenario, San Martín y Florencio Sánchez, es cotidiano que los fines de semana personal de Prefectura ingrese a realizar violentas razzias nocturnas, con insultos, golpes y detenciones a cualquier pibe que esté en la calle o en su esquina de encuentro.
Pero por abajo, hay organización y lucha, como la encarada por los familiares de Brandon Romero, víctima de gatillo fácil en 2020, que con el acompañamiento de las organizaciones populares conformaron la Campaña Nacional Brandon Romero, espacio desde el que exigimos cárcel para el subteniente Bogado, denunciamos el accionar de las fuerzas represivas, la responsabilidad estatal, y el rol cómplice del aparato judicial y los medios hegemónicos de comunicación.
CORREPI también participa de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, espacio hacia la erradicación de conductas fascistas que coartan las libertades por ideología, religión, etnia, género u orientación sexual.
La Asamblea nació en 2014, como reacción ante los crímenes de odio perpetrados por la organización parapolicial que Carlos Gustavo Pampillón encabeza hace más de 20 años. En 2018, algunos de sus integrantes fueron condenados y se constató su vinculación con la policía, como el jefe de policía de calle Ezequiel Laz, con quien quedaron filmados cuando atacaron el ENM de 2015 con cadenas y palos. El mismo grupo fascista, con su partido Renacer, salió a las calles contra las medidas sanitarias, cuando era evidente la posibilidad de un colapso del sistema de salud pública. La ex policía Virginia Luján Sosa, exonerada y procesada por sedición en el acuartelamiento policial de 2013 y vocera de la asonada policial de 2020, promueve el “Escuadrón Espartano”, patota parapolicial con el objetivo de “combatir a punta de pistola si es necesaria la inseguridad en la ciudad”, que promete quebrarles los dedos a quienes intenten un robo, públicamente denunciado por trabajadorxs de las aplicaciones de delivery y sus órganos gremiales.
Así, entre el mar, la miseria y la represión, es imprescindible fortalecer y extender la organización popular antirrepresiva en la ciudad.
Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado
1. ¿Por qué hacemos el Archivo?
En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.
Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.
Cerca de fin de año, presentamos en Plaza de Mayo el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos. La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año su presentación pública.
El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hasta convertirse en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, visibilizar la política represiva de cada etapa.
Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico. A pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, sabemos que nunca llegamos a conocer muchos casos. Muchas veces sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación, y es imposible el seguimiento a la distancia de los casos. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta. Sabemos que es enorme la “cifra negra” que se nos escapa. Cada año incorporamos casos de años anteriores, que por diversas razones nos llegan mucho tiempo después. Es particularmente difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares y amigxs, ya que los informes oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación o los de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité de Prevención de la Tortura sólo cubren las cárceles federales y las de la provincia de Buenos Aires.
Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos años para intentar desacreditarla. El más sistemático fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio, o Juntos- Patricia Bullrich, que culminó con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato. Por el contrario, terminó, a su pesar, confirmando la precisión de los datos contenidos en este Archivo y hasta completó algunos registros en los que no contábamos con el nombre o grado del victimario, o ignorábamos la resolución judicial. No pudo señalar un solo caso como falso. En su cuenta mágica para bajar los números, descartó las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limitó su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluyó los casos considerados “legítima defensa” por “sus fuentes”, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.
El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
2. ¿Cómo hacemos el Archivo?
Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
- Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal, así como la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
- Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
- Incluimos todas las modalidades represivas y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la política represiva estatal.
- Desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos falsamente presentados como “enfrentamientos”); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.
- Cerramos la búsqueda de datos en noviembre, de modo que parte de ese mes, y todo diciembre, se incluyen en el Archivo del año siguiente.
- Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de compañerxs que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés. Por ejemplo, los informes sobre femicidios, que registran un alto porcentaje de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad; los informes sobre muertes en cárceles de organizaciones anticarcelarias, y de organismos oficiales, como la Procuración Penitenciaria Nacional o la Comisión por la Memoria.
3. Las conclusiones
Los datos registrados, con una acumulación de 25 años, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa.
Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de convicciones y principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
Segundo año de la gestión del Frente de Todos: la pandemia va a pasar, la represión sigue
Este año 2021, a pesar del paulatino cambio del ASPO al DISPO, los datos objetivos que surgen del Archivo no son alentadores. En esta 26ª actualización, incorporamos 585 casos al Archivo, totalizando 8.172 hasta mediados de noviembre de 2021, contra 7.587 que teníamos registrados hace un año.
De esos 585 casos nuevos, 417 ocurrieron en el curso de2021. Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de esos 417 casos ocurridos en 2021, incorporamos 140 de 2020, con lo que el año pasado registra un total de 537 casos; 5 de 2019; 2 de 2017; 16 de 2016; 2 de 2015 y uno de 2010, 1999 y 1997, respectivamente.
El gráfico anterior muestra la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013 y los cuatro años 2016/2019, bajo la Doctrina Chocobar.
El año 2020 y los primeros once meses de 2021 muestran otro salto importante, debido al crecimiento inusitado de muertes en lugares de detención en pandemia. De los 537 casos de 2020, son muertes en cárceles y comisarías el 71,5% (384), y de los 417 casos de 2021, el 65,5% (273).
Aunque no todas las muertes fueron por COVID-19, esto comprueba el impacto brutal que tuvo la falta de políticas adecuadas para proteger a la población carcelaria frente a la pandemia.
También vemos la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo sexta, en 2021.
Primera causa de muerte a manos del estado: estar en un calabozo
Este es el mapa de modalidades represivas sobre el total de casos registrados en el Archivo, que muestra la incidencia de las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (51%) y los fusilamientos de gatillo fácil (35,21%).
La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era mucho menor 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. El sostenido endurecimiento del sistema penal incrementó enormemente la tasa de carcelación en Argentina. Entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, y alrededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos.
Pero si nos concentramos en los datos de estos últimos dos años, la desproporción es aún mayor, con una hegemonía absoluta de la muerte bajo custodia, al punto que triplica los fusilamientos por gatillo fácil. Esto es consecuencia directa de que, sin que se modificara la política punitivista que abusa de la prisión preventiva –salvo cuando son represores- y dilata las concesiones de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, en el contexto de pandemia, además de las muertes por COVID-19, se multiplicaron los fallecimientos por otras enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros. En segundo lugar, el hacinamiento y los reclamos aumentaron los niveles de violencia carcelaria, y por ende, las muertes en el marco de medidas de protesta o por castigos.
La distribución de modalidades en estos dos años de gestión signadas por la pandemia es impactante, ya que las muertes bajo custodia abarcan casi el 70% y por ende el gatillo fácil –sin haber disminuido en números absolutos- queda reducido a poco más del 21%.
En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.). En estos dos años se sumaron las muertes por COVID-19.
El 60% del total de personas presas son jóvenxs de 18 a 30 años de edad. Más de la mitad no tiene condena, sino que cumple prisión preventiva como pena anticipada. Casi el 90% de las personas detenidas están acusadas o condenadas por delitos contra la propiedad (robos, tentativas de robo, hurto, etc.) o por infracción a la ley de drogas, siempre por narcomenudeo, u otros delitos menores sin violencia.
Respecto de las muertes en comisarías, es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales para justificar los “suicidios”, pues son personas que en horas recuperarían la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”.
En los primeros 11 meses de 2021, registramos 53 muertes en comisarías: Una en una comisaría de la Policía de la Ciudad en CABA y el resto en comisarías de policías provinciales de Buenos Aires (25), Chaco (11), Chubut (1), Corrientes (1), Entre Ríos (29, Formosa (1), La Rioja (1), Mendoza (3), Salta (1), San Luis (1), Santa Cruz (1), Santa Fe (4) y Tucumán (4). Todas, en el más absoluto silencio mediático.
Respecto de las desapariciones, trascendió, debido a la movilización popular, la de Lautaro Rosé en Corrientes, en el marco de una razzia policial contra la juventud reunida en la costanera de la ciudad. Su cuerpo sin vida fue encontrado por pescadores días después, un kilómetro río abajo del lugar donde se lo vio por última vez, escapando de la policía.
Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.
Intervención de las distintas fuerzas
Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho más lejos aún, la policía federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.
En cambio, en estos dos años, el mapa de intervención de las fuerzas de seguridad tiene diferencias marcadas con lo que es la tendencia acumulada.
De la tabla y gráfico que siguen se advierte la posición de los servicios penitenciarios federales y provinciales, responsables de casi el 60% del total de muertes, con el consiguiente descenso proporcional de las policías provinciales (casi 29%).
La Policía Federal, a pesar de que desde 2017 el grueso de su personal, salvo las delegaciones provinciales y los cuerpos especiales, se integraron a la Policía de la Ciudad, apenas baja del 8% acumulado histórico a algo más del 5%.
Es importante destacar que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en 2020 y 2021. Esto se explica a partir de la prohibición, dispuesta a principios de marzo de 2020, a los miembros de esa fuerza federal, de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país, es una comprobación empírica de cómo se podría reducir el gatillo fácil significativamente si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria.
Finalmente, debemos dedicar unos párrafos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que seguimos padeciendo la gestión iniciada por Mauricio Macri y que continúa, ya en su décimo cuarto año de mandato consecutivo, ahora con Horacio Rodríguez Larreta.
En número netos, la Policía de la Ciudad supera ligeramente a la propia PFA en cantidad de casos en estos dos años, con el 5,20% del total de casos en ese período, a pesar de tener apenas 25.000 efectivos.
Como denunciamos con cierta repercusión cuando Lucas González fue ejecutado por policías de la Ciudad, fuerza que en esos mismo días celebraba los cinco años desde la sanción de la ley que la creó, desde el 1º de enero de 2017 los policías porteños acumulan 121 muertes injustificadas sobre sus espaldas. En los mismos cinco años, la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese lapso primero por Cristian Ritondo y luego por Sergio Berni, mató 390 personas de manera igualmente injustificada. Podríamos pensar que la Bonaerense es casi cuatro veces más letal que la de la Ciudad. Pero resulta que la proporción de efectivos también es casi 4 a 1, porque mientras la porteña apenas llega a los 25.000 integrantes, la provincial supera los 95.000.
Es más, si hacemos un simple cálculo para determinar el índice de casos cada 10.000 efectivos, resulta que la Policía de la Ciudad, en proporción a la cantidad de efectivos, es más letal que la temida Bonaerense:
A 14 años de gestión ininterrumpida del PRO en CABA, la letalidad destacada, antes con la Policía Metropolitana, y desde 2017 con la Policía de la Ciudad, no deja dudas del perfil particularmente represivo que impuso Mauricio Macri y continúa Horacio Rodríguez Larreta.
Edad de las víctimas: lxs pibxs están en peligro
Los rangos de edad, sobre el total de casos registrados, muestran la preeminencia de las víctimas jóvenes y son un claro indicador del contenido de control social de la represión: el 38% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y si se suman los menores de 15 y los de 26 a 35 años se llega al 63%.
En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas suman de conjunto el 17%.
El 22% de casos sin datos precisos de edad, en su mayoría corresponden a muertes en lugares de detención. Los informes oficiales a los que accedemos publican datos parciales, según los criterios de cada organismo para elaborar sus registros. En ningún caso cubren totalmente nombre, edad, género, unidad penitenciaria o comisaría y causa de la muerte, por lo que debemos reconstruir esa información cruzando distintos registros con noticias periodísticas, información de familiares o denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que muchos de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.
Estos dos años, sin embargo, es alta la proporción de personas de más edad muertas en el ámbito carcelario, por COVID-19 u otras enfermedades relacionadas. Nuevamente cambian las proporciones si las acotamos al período 2020/2021.
La gran cantidad de muertes en unidades penitenciarias y comisarías, muchas de ellas debido a la emergencia sanitarias, amplió mucho los registros sin dato exacto de edad. De los casos conocidos, el segmento de mayores de 45 años se duplicó, disminuyendo proporcionalmente los segmentos de menor edad.
Distribución por territorio: de Ushuaia a La Quiaca
Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 54,88% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico.
Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.
Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:
Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del último censo nacional, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.
La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut y Mendoza, y un segundo pelotón compacto, La Pampa, CABA, Río Negro y Córdoba.
Ni una menos: femicidios de uniforme
Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. También el número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, pero eso se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.
Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal en el marco de ese tipo de violencias nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.
En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 423 femicidios sobre un total de 722 víctimas mujeres.
Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.
Registramos, además, 51 femicidios relacionados, es decir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.
En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.
Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 352 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 343 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:
En algunos casos, que han crecido en estos últimos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas.
El notable incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2021, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal. Y es otro dato crucial a la hora de exigir la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio. Si las pistolas no estuvieran en sus casas, no se matarían a mujeres (o la inversa, mujeres policía no matarían a sus parejas) ni matarían a sus hijxs.
Pandemia y malas decisiones
Al comparar el número total de casos registrados por cada gestión de gobierno desde 1983 a la fecha, se producen dos distorsiones. Una no tiene remedio: Como ya lo advertimos más arriba, la información de las década del ’80 es escasísima y la de los primeros años de la década siguiente no es mucho mejor. Fueron datos reconstruidos de manera artesanal y mucho tiempo después, ya que empezamos a construir el Archivo recién a fin de 1996. A partir de entonces, empezamos a hacer el seguimiento permanente en tiempo real, pero las herramientas de búsqueda eran aún precarias. Teníamos poco acceso a internet, no había portales de noticias o diarios onvigésinoline de todos los lugares del país y no existían las redes sociales y sistemas de mensajería que hoy nos permiten contactarnos con personas casi de cualquier lugar.
En cambio, la segunda distorsión, que deriva de las grandes diferencias del tiempo en oficina de cada administración estatal, se puede corregir, como lo hacemos con la distribución de casos en proporción a los distritos. Por eso, además de mostrar los porcentajes totales de cada gestión de gobierno, hacemos el cálculo de los días y horas gobernadas, para obtener un dato comparable, ya que no es lo mismo haber gobernado dos años que doce.
Pero lo que queda en evidencia, tanto con los números generales como al calcular el promedio diario o por hora, es que las malas decisiones tomadas a partir de la irrupción de la pandemia, que desarrollamos extensamente en la nota introductoria de este Antirrepresivo, dieron por tierra con los pocos primeros pasos en sentido inverso que se tomaron entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.
Como surge del gráfico de modalidades en los dos años de gestión actual, la cantidad abismal de muertes en lugares de detención ocurridas en ese lapso, casi el 70% sobre el total de 981 muertes a manos estatales, hacer palidecer el leve descenso de fusilamientos de gatillo fácil por fuerzas federales que detectábamos el año pasado, a partir del cambio de actitud que implicó la derogación de los Protocolos Bullrich.
Así, el escenario ha empeorado enormemente en materia de muertes bajo custodia, y aun sin la explícita promoción desde la Casa Rosada del gatillo fácil, se mantienen con muy pocos cambios las restantes modalidades, en especial los fusilamientos.
El notable incremento de muertes en lugares de detención es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como de la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente. Aun sin haber terminado el año, y sin contar con la información oficial completa de muertes en unidades penitenciarias federales y provinciales y comisarías, que se publicará en el curso del año que viene, registramos 273 muertes bajo custodia en 2021, de las cuales 53 ocurrieron en comisarías, y 220 en cárceles.
La subsistencia del gatillo fácil, a su vez, es directamente atribuible a la ampliación de facultades que, a contrapelo de aquellas decisiones anteriores al 20 de marzo de 2021, se dio a las fuerzas federales, provinciales y de la ciudad con la excusa de la emergencia sanitaria.
El año pasado señalábamos que, aunque no habían faltado represiones a situaciones de protesta y conflicto social, con multiplicidad de detenciones y de personas heridas, no se habían producido muertes en esas circunstancias. El asesinato de Elías Garay en el territorio Mapuche de Cuesta del Ternero, Río Negro, que sólo fue posible porque el estrecho cerco de la policía provincial dejó ingresar y luego permitió la retirada de los particulares que le dispararon, constituye la primera muerte en el marco de un conflicto social, bajo la modalidad de la tercerización de la represión.
Todos estos datos de la realidad ratifican la pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.
Las muertes en la represión a la protesta
Desde 1983, se registran 92 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 45 asesinadxs, de lxs cuales 37 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza. Este año 2021, Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, se convirtió en el primer asesinado en la represión a un conflicto social en esta gestión, bajo la modalidad de la tercerización, sólo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche.
| Nombre | Fecha | Lugar | Gestión |
| LAROSA, José | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| MAZZI, Juana Amelia | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 29/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | TUCUMAN | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | SANTA FE | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| N.N. Masculino | 30/05/1989 | BUENOS AIRES | Alfonsín |
| CHOQUE, Víctor | 12/04/1995 | TIERRA DEL FUEGO | Menem |
| RODRÍGUEZ, Teresa | 12/04/1997 | NEUQUEN | Menem |
| OJEDA, Mauro César | 17/12/1999 | CORRIENTES | De La Rua |
| ESCOBAR, Francisco | 17/12/1999 | CORRIENTES | De La Rua |
| VERÓN, Aníbal | 10/11/2000 | SALTA | De La Rua |
| MOLINA, Ramón | 23/11/2000 | CHACO | De La Rua |
| CARRANZA, Félix Fernando | 26/12/2000 | CORDOBA | De La Rua |
| SANTILLÁN, Carlos | 16/06/2001 | SALTA | De La Rua |
| BARRIOS, José Oscar | 16/06/2001 | SALTA | De La Rua |
| VILLALBA, Ricardo | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| SPINELLI, Carlos Manuel | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ACOSTA, Graciela | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| SALAS, Ariel Maximiliano | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| PACINI, Miguel | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| LEPRATTI, Claudio “Pocho” | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PEREYRA, Rubén | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PEDERNERA, Sergio | 19/12/2001 | CORDOBA | De La Rua |
| RAMÍREZ, Damián Vicente | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| DELGADO, Juan | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| GARCÍA, Yanina | 19/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| GRAMAJO, Roberto Agustín | 19/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ENRIQUEZ, Víctor Ariel | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ALMIRÓN, Carlos “Petete” | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| ÁLVAREZ Villalba, Ricardo | 20/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| PANIAGUA, Rosa Eloísa | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| ARAPI, Ramón Alberto | 20/12/2001 | CORRIENTES | De La Rua |
| AREDES, Rubén | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| AVACA, Elvira | 20/12/2001 | RIO NEGRO | De La Rua |
| VEGA, José | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| BENEDETTO, Gustavo Ariel | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| LEGEMBRE, Cristian E. | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| ITURAIN, Romina | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| GUÍAS, Pablo Marcelo | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| FERNÁNDEZ, Luis Alberto | 20/12/2001 | TUCUMAN | De La Rua |
| FLORES, Julio Hernán | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| MORENO, David Ernesto | 20/12/2001 | CORDOBA | De La Rua |
| LAMAGNA, Diego | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| MÁRQUEZ, Alberto | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| ÁVILA, Diego | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| RIVA, Gastón Marcelo | 20/12/2001 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| RODRÍGUEZ, José Daniel | 20/12/2001 | ENTRE RIOS | De La Rua |
| ROSALES, Mariela | 20/12/2001 | BUENOS AIRES | De La Rua |
| TORRES, Juan Alberto | 20/12/2001 | CORRIENTES | De La Rua |
| RÍOS, Sandra | 20/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| CAMPOS, Walter | 21/12/2001 | SANTA FE | De La Rua |
| CÁRDENAS, Jorge* | 02/08/2002 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | De La Rua |
| FERREIRA, Sergio Miguel* | 26/12/2002 | CORDOBA | De La Rua |
| KOSTEKI, Maximiliano | 26/06/2002 | BUENOS AIRES | Puerta/R. Saá/Duhalde |
| SANTILLÁN, Darío | 26/06/2002 | BUENOS AIRES | Puerta/R. Saá/Duhalde |
| CUÉLLAR, Luis Marcelo | 10/10/2003 | JUJUY | Kirchner |
| FUENTEALBA, Carlos | 04/04/2007 | NEUQUEN | Kirchner |
| ERAZO, Juan Carlos | 05/04/2008 | MENDOZA | CFK |
| VARGAS, Facundo | 16/01/2010 | BUENOS AIRES | CFK |
| CARRASCO, Nicolás | 17/06/2010 | RIO NEGRO | CFK |
| CÁRDENAS, Sergio | 17/06/2010 | RIO NEGRO | CFK |
| FERREYRA, Mariano | 20/10/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| LÓPEZ, Roberto | 23/11/2010 | FORMOSA | CFK |
| LÓPEZ, Mario | 25/11/2010 | FORMOSA | CFK |
| CHURAPUÑA, Rosemary | 07/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| SALGUEIRO, Bernardo | 07/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| CANAVIRI Álvarez, Emilio | 09/12/2010 | CIUDAD DE BUENOS AIRES | CFK |
| VELÁZQUEZ, Juan José | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| MÉNDEZ, Esteban | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| REYES, Felix | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| FARFÁN, Ariel | 28/07/2011 | JUJUY | CFK |
| SOLANO, Daniel Francisco | 05/11/2011 | RIO NEGRO | CFK |
| FERREYRA, Cristian | 16/11/2011 | SANTIAGO DEL ESTERO | CFK |
| GALVÁN, Miguel | 10/10/2012 | SANTIAGO DEL ESTERO | CFK |
| TERCERO, Gerardo Gabriel | 18/05/2013 | SALTA | CFK |
| DÍAZ, Florentín | 22/05/2013 | CHACO | CFK |
| VERÓN, Ángel | 18/10/2015 | CHACO | CFK |
| MALDONADO, Santiago | 01/08/2017 | CHUBUT | Macri |
| NAHUEL, Rafael | 25/11/2017 | RIO NEGRO | Macri |
| RAMÍREZ, Ismael | 03/09/2018 | CHACO | Macri |
| ORELLANA, Rodolfo “Ronald” | 22/11/2018 | BUENOS AIRES | Macri |
| GARAY, Elías | 21/11/2021 | RÍO NEGRO | Fernández |
* Cárdenas y Ferreira fueron baleados, respectivamente, el 19 y 20 de diciembre, pero fallecieron un año después por las secuelas de las heridas.
